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La culpa es del mandado – Por Francisco Pomares

   

Ya saben que Fernando Ríos, comisionado de Paulino Rivero para el Autogobierno, está el hombre imputado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso sobre las licencias de Frecuencia Modulada que abrió la Fiscalía Anticorrupción. Entre los asuntos más cuestionados del proceso de adjudicación, está el haber echado una manita a alguna oferta que no cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos, para lo que se procedió diligentemente a escanear las propuestas presentadas en papel de alguna empresa que se había olvidado de que las bases exigían la presentación en CD-Rom.

Así, porque una vez que cuela lo chico suele pasar después lo grande, se acabó por incorporar a los expedientes información de discos que estaban rotos, no podían leerse, no habían sido grabados o contenían información diferente a la que figuraba en los documentos entregados en papel. Pero solo con eso no era suficiente, y se optó también por cambiar las reglas a mitad de partido, que es el asunto que más parece haber influido en la adjudicación definitiva.

De hecho, la clave de la imputación a Ríos es la aprobación por el entonces secretario general de la Presidencia y presidente de la mesa de adjudicación de las frecuencias de nuevos criterios de valoración para poder baremar las ofertas presentadas, que acabaron por permitir que la mayoría de las licencias fueran a parar a Miguel Concepción y Jaime Cortezo, dos constructores ajenos al mundo de la comunicación, y amigos personales del presidente Rivero.

Para defenderse de la que puede caerle encima, Ríos ha declarado que a la vista de las ofertas presentadas resultaba imposible baremar el concurso de radios, y por eso, hubo que establecer nuevos criterios de baremación, algo de lo que –en su declaración a los tribunales- responsabiliza a Manuel Almeida, un asesor en comunicación de Presidencia del Gobierno, al que parece que se quiere hacer pagar el pato (y las responsabilidades) del disparate que fue el proceso.

Pero es difícil negar lo obvio: como secretario General de Presidencia, Ríos debía conocer perfectamente el informe de los servicios jurídicos del Gobierno que advertía de la necesidad de modificar el pliego, dada la vaguedad y las generalizaciones de la baremación de ofertas. El Gobierno no hizo nada entonces. Y lo que hace ahora, es echarle la culpa al mandado.