Un estudio científico para el LIC marino “desaconseja” los sondeos
Delimitación del futuro espacio protegido en el mar al este y el sur de Lanzarote y Fuerteventura | DA
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La prevista declaración del mar al este de Lanzarote y Fuerteventura y sur de esta isla como Lugar de Interés Comunitario (LIC) ha hecho que el Tribunal Supremo requiera al Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (Magrama) toda la documentación relativa a este futuro espacio marino protegido, a petición de los cabildos y el Gobierno canario, en el litigio que estas administraciones mantienen contra las autorizaciones dadas por el Ministerio de Industria y Energía a Repsol para las prospecciones petroleras.
En el expediente remitido por el Magrama al Supremo consta un informe de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago Canario (SECAC) contrario a la actividad petrolera en esta zona. El estudio lleva el sello de la Fundación Biodiversidad, perteneciente al propio Magrama, encargada de coordinar los trabajos científicos para definir este y otros nueve espacios marinos el proyecto Life + Indemares de la UE.
La SECAC destaca la “la extraordinaria riqueza y diversidad de cetáceos en esta área, con 28 especies registradas, de las 30 totales en Canarias y las 84 descritas en el mundo, es decir, un 33,3% de todos los cetáceos conocidos hasta la fecha”, incluyendo cachalotes y zifios. “Esta frecuente y amplia representación de especies ofrece argumentos sólidos para salvaguardar un área con tan diversos hábitats y especies”, concluye esta investigación, dirigida por Vidal Martín, coordinada por Eirka Urquiola, y en la que han participado Enrique Pérez-Gil, Leire Ruiz, Marisa Tejedor, Mónica Pérez-Gil, Nuria Varo, Antonella Servidio y Mercedes Reyes.
El área para proteger abarca 1.189.396 kilómetros cuadrados, hasta una distancia aproximada de 37 kilómetros de la costa de ambas islas, si bien, según ha confirmado Repsol a este diario, sus sondeos quedan fuera del futuro LIC. En todo caso, la SECAC “desaconsejan la puesta en marcha de actividades que supongan o puedan suponer un incremento de la contaminación química o acústica en el área”. Asegura este equipo de expertos que “en todas las fases de la industria del petróleo se generan subproductos, que, al igual que el crudo o los gases objetivo, son potencialmente tóxicos para la vida en las zonas de influencia de la explotación”.
“La producción de petróleo”, apunta la SECAC, “ es un trabajo intrínsecamente sucio, donde los vertidos y escapes se producen de forma constante en los pozos de funcionamiento. Los pozos exploratorios implican la perforación del lecho marino y generan una serie de barros o lodos, ricos en metales pesados y tóxicos como el cadmio, arsénico, cobre, mercurio y plomo, que es arrojada al mar tras un proceso de depuración rudimentaria, siendo una importante fuente de contaminación. Se sabe que la vida marina muere en un radio de 500 metros del pozo de perforación”. Según esta sociedad científica, “se estima en 130.000 toneladas al año los vertidos desde las plataformas petrolíferas al mar”, unos “100 kilos por cada mil toneladas extraídas”.
En el escrito que ha tenido que remitir al Tribunal Supremo, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que en noviembre de 2013 puso a disposición de Repsol el expediente de la información científica preliminar que sustentará la protección del Espacio Marino del Oriente y Sur de de Lanzarote y Fuerteventura como LIC. “De tal manera”, afirma el Ministerio a los magistrados, “que la decisión que finamente se adopte [sobre las prospecciones petroleras] tomará en consideración los valores ambientales que van a determinar que este espacio se proponga como LIC”. El Ministerio alega que por la “complejidad” del estudio de las 10 áreas que protegerá en la costa de España, solicitó a la Comisión Europea ampliar de 2013 a fines de 2014 la tramitación de estos LIC, y que, en el caso del planteado para Canarias, aún no lo ha sometido a información pública porque falta celebrar los talleres participativos sobre este asunto en ambas islas, para recabar la opinión de los afectados por esta declaración. Tales actos los convocará “en las próximas semanas”, según el escrito registrado en el Supremo el 21 de abril.
El Gobierno canario, a través de su comisionado para el Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, ha vuelto a exigir que se reinicie el expediente” de evaluación de impacto ambiental de los sondeos por las graves deficiencias advertidas y porque los valores medioambientales son totalmente incompatibles con las prospecciones, según los propios científicos”.
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