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La Fiscalía invita a un pacto entre las partes para cerrar el caso Saida

   
SAIDA PRIETO MEDIOS

Saida Prieto. | FRAN PALLERO

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía ha propuesto a los personados en el llamado caso Saida un acuerdo para dar por finalizado el mismo, según información captada en fuentes judiciales por vías extraoficiales.

Como recordarán los lectores, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife instruye en la actualidad un sumario por un supuesto delito de lesiones imprudentes a cuenta de las quemaduras sufridas por varias personas durante la gala de elección de la Reina adulta del Carnaval chicharrero de 2013. Especialmente significativo es el caso de la candidata Saida Prieto, cuya vida corrió serio peligro y atraviesa hoy día un durísimo y complejo periodo de rehabilitación. El resto de afectados se quemó intentando sofocar las llamas que prendieron en el traje de esta joven madre.

La iniciativa de la Fiscalía, que para llegar a buen término debe superar las dificultades inherentes a la existencia de tantos intereses como hay en el proceso que nos ocupa, obedece a la actual política judicial en aras de fomentar la conciliación desde la misma instrucción, y que cuenta con el apoyo tanto de jueces como de fiscales en esta comunidad autónoma. En caso de prosperar, lo mediático del asunto supondría un escaparate magnífico para transmitir a la sociedad la idea de que se puede hacer justicia sin que un juez decida en una sentencia o siquiera llegue a celebrarse una vista oral. La posibilidad de que un acuerdo prospere pasa en primer lugar por la retirada de la acción popular de Izquierda Unida, que pretende ampliar las responsabilidades exigibles.

Hoy día hay sólo dos imputados: el diseñador Guillermo (Willy) Jorge, en cuya fantasía iba el artefacto que provocó el siniestro, y el ahora exgerente de Fiestas Francisco Javier Trujillo. El abogado (y coordinador insular de IU) José Pérez Ventura ya solicitó durante una toma de declaración que se imputara igualmente al concejal de Fiestas, Fernando Ballesteros, y la ahora exconcejal de Seguridad, Carmen Delia González, lo que fue descartó por la juez sustituta que instruye el caso.

Si Pérez Ventura cumple con lo anunciado, lo solicitará por escrito al Juzgado y, si se confirma el rechazo, recurrirá a la Audiencia provincial. En el supuesto de que nuevamente se descarten esas nuevas imputaciones, todo apunta a que Pérez Ventura se retirará para no ser un obstáculo a ese hipotético acuerdo.

Pero este obstáculo de clara naturaleza política no es, precisamente, el más dificíl a la hora de cerrar un pacto.

Lo primero y fundamental pasa porque la principal víctima, Saida Prieto, entienda que la compensación que se le ofrezca es adecuada a las terribles heridas que ha sufrido, tanto físicas como psíquicas, y que además se extienden a su complicado futuro profesional a tenor de que habrá secuelas.

También resultará sencillo que los actualmente imputados acepten una oferta que, en caso de incluir una pena privativa de libertad, no podría ser superior a los dos años de cárcel para evitar así el ingreso en prisión al tratarse de su primera infracción penal. El hecho de que sean varias las víctimas (y, por ende, la posible acumulación de penas) dificulta considerablemente este punto.

Por contra, también existen circunstancias que propician el acuerdo, empezando por la disponibilidad que mostrarán tanto la Fiscalía como el Juzgado a que se alcance el mismo.

De entrada, la experiencia enseña que las aseguradoras generalmente prefieren un acuerdo previo al juicio para evitar así condenas de cuantía inesperada, y éste es uno de esos casos en los que los criterios para fijar la indemnización difieren según quién deba pagarla o cobrarla, como ya se ha demostrado durante esta instrucción.

También convendría al Ayuntamiento capitalino pasar página lo antes posible, habida cuenta que el accidente tuvo lugar en un acto central de su principal festejo, pieza fundamental para su proyección turística y fuente apreciable de ingresos gracias a los visitantes.

Sea como fuere, esa predisposición de jueza, fiscal, aseguradora y ayuntamiento pasa siempre por un trato que se adecue a la ley y/o les convenga.

La instrucción continúa a la espera de que se tome finalmente declaración a Willy Jorge, que pospuso a finales del año pasado la misma dado que no se encontraba plenamente recuperado.