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Impuestos y crisis – Por Leopoldo Fernández

   

Los datos los ha proporcionado el Instituto Canario de Estadística, en general riguroso y confiable en sus estudios: en las Islas ha aumentado la recaudación de impuestos hasta situarse en el entorno de las cifras obtenidas en épocas de normal actividad económica. Es tanto como asegurar que los ciudadanos en general realizan un gran esfuerzo al contribuir a la caja común del Estado y a la de la comunidad autónoma, pese a las evidentes circunstancias de crisis y a la baja actividad productiva que se advierten a todas horas. Claro que el Estado, con medio centenar de subidas de impuestos en los dos últimos años, ya viene asfixiando a empresas y particulares de manera inmisericorde, en lo que algunos consideran que roza la actuación confiscatoria. Como siempre, los más ricos suelen escapar de la obsesión recaudadora del poder mediante procedimientos de ingeniería financiera, sicavs y deducciones a todo meter. Con lo cual son las clases medias las paganini de unos procedimientos que no obligan a pagar más -como sería justo y oportuno- a quien más bienes posee, sino a quien está más y mejor controlado desde los aparatos de inspección del poder. No parece lógico que en tiempos de recortes y austeridades el Gobierno del Estado haya recaudado en las Islas, vía tasas e impuestos, entre enero y marzo del año en curso, nada menos que 525 millones de euros, cerca de un 30% más que en igual periodo anterior, con el IRPF en muy destacado lugar, ya que absorbe casi 450 millones. Si hablamos de recaudación a cargo del Ejecutivo autonómico, la realidad también ofrece un panorama desolador, como lo prueba el que durante el primer cuatrimestre de 2014 la recaudación superara los mil millones de euros, de los que casi 900 millones corresponden al IGIC. Claro que el Gobierno canario subió este impuesto del 5 al 7% en su tipo general, en julio de 2012, todo un impacto para las economías domésticas y productivas en general; de ahí la excelente cosecha recaudadora, que también alcanza a los arbitrios, con el Aiem a la cabeza, y a combustibles y matriculaciones, entre otras figuras previstas en el REF. Como el aumento del IGIC parecía poca cosa, se suprimieron varias exenciones y bonificaciones, se crearon dos impuestos medioambientales, otro sobre depósitos de clientes de banca y sobre tasas y precios públicos, se congelaron sueldos para funcionarios y empleados, etc. Todo ello, para combatir el déficit público y mejorar la capacidad de financiación; en definitiva, hacer caja. Han subido más los impuestos indirectos y los gastos, aunque se han reducido, aún deberían bajar considerablemente, porque predicar con el ejemplo es la mejor política para ganar credibilidad ante los ciudadanos. Aquí como en todas partes.