La Isla pasa de tener 151 galerías de riesgo alto a solo 13 en seis años

Además de clausurar la entrada, la normativa exige una señalización oportuna alertando del estado de cada galería de agua. | DA

JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife

En 2008, cuando ocurrió la tragedia de Piedra de Los Cochinos, en Los Silos, donde seis excursionistas perdieron la vida, la Isla contaba con un total de 98 galerías de riesgo alto y 8 de riesgo muy alto, además de 40 pozos de riesgo alto y 5 de muy alto, lo que suma un total de 151 dotaciones. Seis años más tarde, y tras un decreto para la señalización de estas infraestructuras de captación de aguas subterráneas, la situación es bien distinta y la cifra de riesgo se ha reducido de manera considerable.

En la actualidad, según los datos que maneja el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), de las más de 1.500 infraestructuras de este tipo, menos del 1% está catalogado de riesgo elevado. Al respecto, el consejero de Aguas del Cabildo, Jesús Morales, destacó a DIARIO DE AVISOS el “esfuerzo llevado a cabo desde el organismo, ya que el procedimiento no es fácil, puesto que en muchas ocasiones se desconoce el titular de estas obras, o tienen difícil acceso”. De las 1.521 galerías existentes en la isla de Tenerife, en este momento 12 están catalogadas como de riesgo alto y una de muy alto.

El responsable del Ciatf insistió en que en estas obras se va a proceder a abrir un expediente sancionador a los propietarios e hizo hincapié en que tres de ellas se encuentran en suelo municipal, por tanto, los encargados de hacer las gestiones oportunas son los propios ayuntamientos. En concreto, se trata de los municipios de Vilaflor y de Granadilla (con dos infraestructuras de esta índole) los que deben emprender las acciones necesarias para garantizar su seguridad.

Morales precisó que “hace en torno a un año se notificó esta situación, que se ha vuelto a recordar de nuevo, sin que hasta el momento se haya hecho nada”, por lo que anunció, junto a los propietarios de las diez galerías restantes, que se iniciará “en breve” el expediente sancionador correspondiente.

Morales recordó que cuando se aprobó el citado decreto el Consejo Insular contaba con cinco infraestructuras en las que había que actuar, y que en los últimos años se han llevado las medidas oportunas para garantizar la seguridad. El coste de estas acciones supuso para el organismo insular una inversión de alrededor de 100.000 euros. Añadió, además, que otras administraciones como la Dirección General de Costas también actuaron en las que le correspondían.

El Cabildo espera cerrar en este mandato todas las infraestructuras aún peligrosas

De los 13 pozos y galerías que restan por actuar, salvo los tres municipales, el Consejo se encontró algunos casos curiosos. De hecho, uno de ellos pertenece a un banco, en otro el titular asegura que está cerrado pero no ha podido remitir la foto correspondiente para que se cerciore.

Por último, el consejero insistió en que se está trabajando por cerrar y señalizar las infraestructuras que quedan pendientes “cuanto antes”, pero insistió en que el procedimiento es lento y difícil. Aún así puntualizó que su intención es culminar este tema antes de que finalice el mandato, esto es, en un año.

Cabe recordar que a raíz de la tragedia de Piedra de los Cochinos, el Gobierno regional elaboró un decreto que, entre otros aspectos, otorga la responsabilidad de la seguridad en pozos y galerías a los propietarios. Se trata del Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas en Canarias. Esta normativa estipula, entre otros aspectos, las condiciones en las que deberían estar estas instalaciones. Desde entonces se ha notificado a los dueños la necesidad de cerrar las consideradas como peligrosas.