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El juez Ruz se niega a archivar la causa contra militares chilenos

   
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en una imagen de archivo. / EP

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en una imagen de archivo. / EP

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha negado a archivar la causa que sigue contra siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de la ONU Carmelo Soria el 14 de julio de 1976, en la dictadura del general Augusto Pinochet.

En un auto dictado ayer, el magistrado señala que la investigación debe continuar, a pesar de la reforma legal que limita la jurisdicción universal que entró en vigor en marzo pasado, porque los militares fueron procesados por terrorismo, entre otros delitos, y la víctima era española, de forma que “se cumplirían los requisitos establecidos” por el legislador para que la Audiencia Nacional sea competente.

Ruz también atribuye a los miembros de la DINA los delitos  genocidio, asesinato y detención ilegal, por lo que acuerda reiterar la comisión rogatoria que cursó a las autoridades de Chile en enero para que le informen de si están investigando estos hechos. Una vez que tenga la respuesta, el magistrado “elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para que se evalúe si existe disposición a actuar”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó a los jueces de la Audiencia Nacional que están “obligados” a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba, después de que varios magistrados hayan calificado de “chapuza” la reciente reforma de la justicia universal y hayan pedido que se rectifique. “En un sistema de división de poderes”, arguyó, “igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el legislativo, los jueces también están obligados a aplicarlas”. Y si surgen dudas, la ley prevé unos mecanismos de actuación, apostilló Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta expuso que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, que ha generado “problemas” desde su introducción en nuestro país. El Ejecutivo anterior, del PSOE, “ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia”.

La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles solo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional.