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Legislación cubana – Por Hugo Luengo

   

Está nuevamente en el Parlamento de Canarias el Proyecto de Ley del Gobierno de Armonización y Simplificación Urbanística, orweliano nombre bajo el cual se desarrolla esta Ley, con la finalidad de hacer lo contrario que lo que el título señala. Nos asombra aún más, la propuesta gubernamental, ya en su cuarto intento de desarrollar la misma, sin que en ningún momento hayan tenido en cuenta los dictámenes de su propio Consejo Consultivo, de diciembre de 2011 y marzo de 2014, y que luego comentamos. Como tampoco la mínima cercanía para recoger las posiciones de sectores, empresariales, profesionales, universitarios y sociales, opuestos de forma clara y general a ella. Y como señala el Consejo Consultivo, antes de añadir una nueva ley al ordenamiento jurídico, y van siete, deberían considerarse otras alternativas.

También el Consejo Económico y Social de Canarias, se había pronunciado recientemente en análogos términos, cuestionando la oportunidad de esta Ley, cuyos efectos incrementarán claramente los problemas que dice abordar. Esta postura a la defensa de nuestra Administración, está produciendo de facto la paralización de nuevas inversiones, la incapacidad de generar un clima de confianza y el sistemático bloqueo de la actividad económica. El Consejo Consultivo, señala hasta cinco causas de inconstitucionalidad en el Proyecto de Ley, cuyo origen procede de la no aceptación del marco legal Europeo y Nacional, esto es, el Tratado de Lisboa, la Normativa Bolkenstein y/o la Legislación de Liberalización de Servicios, la Ley de Unidad de Mercado y/o la nueva Ley de Régimen Local. Bajo la supuesta defensa de la especificidad, se pretende mantener mercados cerrados altamente intervenidos. Como el sistema no se aguanta, aparecen atajos para algunos, bien a través de la nueva Ley de Renovación Turística, con los Planes de excelencia que simplifican los procedimientos, así no para todos. La nueva Ley de Inversiones Estratégicas, que creará atajos para algunos, con fuerte control gubernamental o en su momento la Ley de Medidas Urgentes del 2009, de escasa incidencia práctica. Leyes como la de Renovación Turística, que sólo satisfacen a algunos, y con incierto futuro ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno se equivoca al no aceptar el cambio de situación, hemos cambiado de era y se niegan a acomodarse a ella. No se puede seguir legislando en Canarias en contra del marco legal básico. Canarias precisa como señala el Consejo Consultivo, crear marcos normativos sencillos, claros y poco dispersos, lo contrario que hace esta Ley.

Como ya venimos defendiendo desde esta columna, simplificar y armonizar el Marco Normativo en Canarias, parte de aceptar tres cuestiones de partida no admitidos hoy por esta Administración y así les salen las leyes. Esto es, aceptación de la legislación Bolkenstein de liberalización de servicios y unidad de mercado, en segundo lugar asumir el principio de subsidiaridad “una Administración, una competencia”, y en tercer lugar integrar la Legislación Medioambiental con la Urbanística y Territorial. En territorios escasos y fragmentados, región ultraperiférica europea, con el tercio de la población activa en paro, dos tercios de jóvenes, tenemos que generar un marco normativo sencillo, claro, ágil, para todos, abrir el mercado hacia dentro y hacia fuera. No está de más el dicho de “cuanto más Administración, más corrupción”. Un correcto equilibrio en el reparto del poder, en este caso administrativo, nos alejarían de ella y acercaría a lo que hoy Europa llama “desarrollo inteligente”. Éste se encuentra lejos de la posición de este Proyecto de Ley, cercano a lo que en el título hemos llamado “Legislación Cubana”, y por ello desarrollada en contra de todos.

*ARQUITECTO Y URBANISTA