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Recaban documentación sobre la declaración LIC del litoral oriental de las Islas

   

Europa Press / Diario de Avisos | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sostenibilidad, ha remitido tres escritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para recabar información sobre el proyecto de declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) en aguas de Lanzarote y Fuerteventura sin que se haya obtenido respuesta hasta la fecha. Así lo comentó el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, que explicó que el primer escrito se remonta al 24 de marzo y fue dirigido al director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar; el segundo se remitió a la actual ministra de Agricultura, Isabel García, el pasado 30 de abril, y el último se envió ayer una vez más al director general de Sostenibilidad.

A través de estos tres escritos, señaló Marrero, el Gobierno de Canarias reclama al Ministerio que indique los motivos por los que, para el denominado espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura, no se ha expuesto en la web la información completa del proyecto Life+Indemares de la misma forma que se ha realizado para otros espacios. En segundo lugar, el Ejecutivo canario reclama que se aclaren los motivos por los que esta zona no ha sido incluida en la primera selección de áreas a ser delimitadas como propuestas de LIC. En tercer lugar, se solicitan las repercusiones socio económicas que tendrá la declaración como zona especial de conservación de un área tan amplia del litoral oriental de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y que se expliquen los motivos por los que esta propuesta no ha seguido los cauces administrativos normales de consulta institucional a la Comunidad Autónoma.

Por otra parte,y en relación a la polémica de los sondeos la Sala Tercera del contencioso administrativo del Tribunal Supremo comunicó el miércoles al Cabildo de Fuerteventura que el próximo 10 de junio es la fecha fijada para la votación y fallo del recurso contencioso administrativo interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura contra las autorizaciones del Gobierno de España a las multinacionales Repsol, RWE y Woodside para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.