X
tribuna >

Sin política de vivienda – Por Román Rodríguez

   

Los datos sobre la situación de la vivienda en Canarias muestran una realidad dual. Por un lado, la existencia de 130.000 viviendas vacías y, por otro, más de 35.000 demandantes de viviendas protegidas. La política de vivienda es una competencia exclusiva de la comunidad canaria y, pese al agravamiento de la situación de miles de familias a consecuencia de la crisis, el desempleo y el empobrecimiento; el Gobierno ha sido incapaz de implementar una política en este ámbito. El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Española, en su artículo 47, así como en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Responsabilizando a los poderes públicos del establecimiento de las condiciones que permitan su cumplimiento efectivo. La realidad es que muchas familias se ven imposibilitadas de alcanzar ese objetivo de disponer de una vivienda digna. Al contrario, estos años de profunda crisis económica han supuesto el desalojo de miles de familias de sus hogares por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o al alquiler de sus casas. La respuesta a esa injusta situación ha dado lugar al nacimiento y consolidación de un movimiento social, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ha jugado un papel central en la denuncia, la visibilización pública, la solidaridad con las personas que pierden sus viviendas y la presión a los bancos y a los gobiernos para la búsqueda de soluciones.

Los cambios legislativos introducidos por el Gobierno central no han servido para solucionar el grave problema. De hecho, en 2013 se incrementó un 11% respecto a 2012 el número de alzamientos hipotecarios en España, hasta alcanzar los 49.694, de los que 38.961 correspondían a primera vivienda. En el caso de Canarias, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para 2013 elevan la cifra a 4.331, de los que 1.905 serían ejecuciones hipotecarias y una cifra mayor, 2.176, a viviendas en régimen de alquiler. El elevado número de desempleados en nuestra tierra, el incremento de personas en situación de paro de larga duración prolongado y la consiguiente pérdida de prestaciones auguran que, en el próximo período, no se modificará esta sangrante situación. La actuación en las dos últimas legislaturas ha sido muy negativa en este ámbito. Es verdad que han disminuido los recursos, pero esto no justifica la mala dirección y gestión, con más de mil viviendas de protección pública finalizadas y que siguen vacías, o la inexistencia de sistemas de seguimiento sobre las mismas. Así como con la impresentable dilación del programa de hipoteca joven. El Gobierno de Canarias, que tiene exclusivas competencias en la materia, ha dejado pasar la actual legislatura sin tomar decisiones para hacer frente a los desahucios y, en general, para dar adecuada respuesta a las dificultades que tienen decenas de miles de familias para acceder a una vivienda. El Ejecutivo canario lo intenta ahora con la modificación de la ley de vivienda de 2003, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario, y que de mantenerse en su actual formulación no va a suponer impacto alguno. Desde Nueva Canarias hemos presentado 19 enmiendas a su articulado para tratar de superar sus actuales carencias.Hemos planteado la puesta en marcha de un programa de mediación entre las partes afectadas por los lanzamientos hipotecarios y por impago del alquiler. Consideramos que el Gobierno debe impulsarlo, con la finalidad de informar, apoyar y asesorar a las familias y personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda. A través de soluciones acordadas entre las partes implicadas (el deudor, el inquilino, la entidad bancaria o el arrendador), que eviten el lanzamiento, en función del perfil del deudor o del inquilino, las posibilidades económicas de la familia, los instrumentos de la entidad financiera y los recursos de la propia administración. Asimismo, mediante otra enmienda, defendemos el establecimiento de un fondo de ayuda de emergencia hipotecaria y al alquiler. En aquellos casos en que no fuera posible una solución de mediación, el Ejecutivo procedería a conceder ayudas económicas, por un plazo de 12 meses prorrogables, a las familias en riesgo de exclusión, para hacer frente a los gastos originados por el pago de las cuotas hipotecarias o del alquiler de la vivienda habitual. Igualmente proponemos que se articulen fórmulas de apoyo a los avalistas (en la mayoría de las ocasiones los padres de los que adquieren una casa, que se arriesgan a terminar perdiendo su propia vivienda) y, asimismo, a los trabajadores autónomos que pusieron su casa como aval para afrontar impagos de sus negocios. Me parecen positivas las medidas sancionadoras a bancos e inmobiliarias por tener viviendas vacías que prevé la ley. Insisto, además, en la conveniencia de plantear incentivos que estimulen a los pequeños propietarios a poner viviendas en el mercado de alquiler. Me refiero a beneficios como pólizas de seguro de impago de renta de alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del hogar o regulación de incentivos para los titulares de las viviendas. Por último, defiendo la necesidad de flexibilizar los criterios de acceso al reconocimiento de la situación de exclusión social para el conjunto de las medidas recogidas en la ley. Con el fin de impedir que queden sin poder acogerse a las mismas muchas familias con situaciones de extrema necesidad. SOlo con ese conjunto de actuaciones podrá dinamizarse el parque de viviendas y ofrecer auténtica cobertura a las personas y a las familias que se encuentran con insalvables problemas económicos para acceder a una vivienda o para mantener la que hoy tienen pagando su hipoteca o en régimen de alquiler. La ley del Gobierno canario no cubre esos aspectos esenciales y, asimismo, plantea alternativas que apoyamos, pero que son de muy complicada gestión; y que, además, con toda seguridad, serán recurridas por el Gobierno central y llevarán, como ha ocurrido en otras comunidades, a su paralización.

*DIPUTADO EN EL PARLAMENTO REGIONAL Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS