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El Tribunal Constitucional – Por Sergio García de la Cruz

   

Hace unos meses tuve la suerte de asistir en la ULL a una conferencia magistral realizada por el profesor Garberí Llobregat, que llevaba por título La crisis del Tribunal Constitucional; ciertamente el título hace justicia a la realidad actual. El profesor hace un magnífico recorrido a lo largo de sus casi treinta y cinco años de historia, donde hace aflorar sus éxitos, pero, como no podría ser de otra manera, también sus fracasos. Un tribunal que conoce bien por la vinculación directa que tuvo con él en su día.

El Tribunal Constitucional es un producto de nuestra actual Constitución. El sistema de elección de sus miembros no garantiza su imparcialidad y esto es una cuestión de suma importancia por su labor de decisión sobre la constitucionalidad de las leyes o sobre los conflictos que surjan entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. Pero, además de esto, hace (o hacía) una labor vital para todos los ciudadanos como es la de la interpretación de los derechos fundamentales y su amparo cuando eran violados.

Garberí nos recuerda sus grandes logros, entre ellos están: la actual configuración del Estado Autonómico; el poder hacer nuestra declaración de Hacienda de manera individual; también acabó con la inembargabilidad de los bienes no afectos al dominio público; protegió a la ciudadanía frente a la ley de la patada en la puerta con la que la policía podía entrar en los domicilios solo por meras sospechas; ante las sanciones administrativas amplió la protección del ciudadano frente a ellas; las mujeres ya pueden pilotar aviones militares o trabajar en las minas; también el logro de la inversión de la prueba en el caso de despido de mujeres embarazadas; el matrimonio homosexual; el reconocimiento al derecho al honor de las personas jurídicas, esto tiene causa al tener que dirimir en uno de los mejores casos, y por ende, una de sus mejores sentencias (el caso de Violeta Friedman contra León Degrelle, que trata sobre el genocidio nazi); el Tribunal Constitucional protegió las garantías procesales; el derecho a los recursos; el principio de la presunción de inocencia; la ilegitimidad de la prueba directa e indirecta, importante doctrina de la prueba prohibida cuestión que el Tribunal Supremo no vetó.

Por otra parte, como puntos negativos están: el darle la espalda a algunos ciudadanos, que en cambio han obtenido cobijo en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos; la vulneración de la doctrina del Double Jeopardy, cuando una parte es la administración, pero, lo más criticado es su gran bloqueo a la admisión del recurso de amparo, y su tardanza en resolver las cuestiones que a veces han llegado a los doce años.

Como solución propone eliminar la interpretación de los derechos fundamentales y su amparo cuando sean violados cediéndolo al Tribunal Supremo (órgano también inaccesible), cuestión que no comparto, mucho menos después de oírle desgranar los grandes triunfos que hemos logrado gracias al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Supremo ha pasado por alto. Ya indirectamente se está produciendo esta solución debido al infranqueable filtro que han creado para aceptar un recurso de amparo. Creo que existen soluciones mucho menos radicales, tal vez sea el momento de crear un Tribunal Español de Derechos Fundamentales y cederle el amparo y la interpretación.

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