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El TSJC rechaza que la Comunidad Autónoma impugne la moción de censura de El Hierro

   

DAVID SANZ | Valverde

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Santa Cruz de Tenerife de no admitir a trámite el recurso que la Comunidad Autónoma de Canarias interpuso frente al acuerdo del pleno del Cabildo del Hierro de septiembre de 2011 por el que Alpidio Armas salió elegido presidente de la Corporación Insular mediante la moción de censura que presentaron socialistas y populares.

La sentencia del TSJC a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, con fecha del pasado nueve de mayo de 2014, supone un nuevo triunfo en los juzgados del actual grupo de Gobierno insular de El Hierro, que ha tenido que sortear diversos procesos judiciales desde que el PSOE se aliara con el PP para censurar a AHÍ, todos ellos con éxito.

La parte demandante decidió apelar el auto del Contencioso Administrativo que justificaba su inadmisibilidad dado que “la Comunidad Autónoma, conforme al artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local, no está legitimada para impugnar el acta que versa sobre materia electoral –moción de censura-, competencia exclusiva del Estado”, según se recoge en la sentencia.

Entre los argumentos que esgrime la Sala, destaca el hecho de que “está fuera de toda duda que los aspectos de la regulación de la moción de censura que constituyen elementos nucleares de la forma de gobierno local, entran dentro del concepto de bases del régimen local y su establecimiento es competencia del Estado (….) así como también en cuanto supone la regulación de un procedimiento de elección de un cargo electivo de representación política, se incardina en la materia de elecciones locales y, por tanto, en el régimen electoral general, también competencia del Estado”. De todo ello concluyen que “la Comunidad Autónoma carece de legitimación para su impugnación”.

Por último, la sentencia mandata a la parte demandante a hacer frente al pago de las costas, aspecto este último que también apeló, basándose para ello en la Ley de medidas de agilización procesal, limitando los honorarios del letrado de la parte demandada a 300 euros.