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Un 2,5% de problema – Por Francisco Pomares

   

Lo ha dicho la delegada del Gobierno: los miles de ciudadanos que asistieron el pasado sábado a las marchas de protesta contra las extracciones petrolíferas representan sólo una pequeña parte de los ciudadanos de Canarias. Ella ha cifrado esa pequeña parte, de forma más bien cicatera en el 2,5 por ciento de los ciudadanos de Canarias, poco menos de 50.000 personas. Incluso si hubiera sido más generosa, si fueran el diez por ciento -esas doscientas mil personas que reclaman los convocantes de las manifestaciones- no serían ni mucho menos la mayoría… Pero el argumento sobre las mayorías que plantea la señora Hernández Bento hace aguas por varios sitios: el primero es que las mayorías no se miden en la calle. La calle está para otras cosas, pero un político con olfato debe entender los mensajes que vienen de la calle. Al PP le cuesta hacerlo. Les costó entender que el país estaba contra la guerra de Irak. Y les costó muy caro. El PP debería aceptar la propuesta de consulta planteada por el Gobierno de Canarias, y así sabrían con precisión si quienes se oponen a las prospecciones son el 2,5 por ciento, el 25 por ciento o el 70 por ciento de los canarios. Otro agujero del argumento de la Delegada consiste en presentar la cuestión como un problema de mayorías, cuando su Gobierno lo considera una cuestión de legalidad: las prospecciones se harán porque -teniendo Repsol los permisos- sería ilegal no hacerlas. Si se hubieran manifestado el cien por cien de los ciudadanos de Canarias, incluyéndola a ella y al ministro Soria… ¿habrían dejado de ser legales las prospecciones? El PP se ha atascado estúpidamente en este asunto del petróleo: la obcecación del ministro Soria y su incapacidad para tender puentes y abrirse al diálogo con las instituciones canarias, está abriendo inopinadamente un tercer frente territorial en España. Sin cuestionar de momento el modelo de Estado de las Autonomías del 78, Canarias se suma con sus manifestaciones masivas y su petición de consulta a los conflictos territoriales que representan el secesionismo catalán y al proceso de imitación de la vía catalana a la independencia que se acaba de iniciar en el País Vasco con la cadena humana de Durango a Pamplona. A principios de esta legislatura, Rivero dijo que Canarias podría acabar siendo un problema de Estado. Se lo explicó al rey y a Rajoy hace unos meses. Una cuestión liminar en la agenda pública, de escasa entidad política, como son las extracciones, va camino de colocar a la región en el mapa de los asuntos enquistados y difíciles de resolver. Canarias empieza a oler también a problema de Estado. Otro.