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Adjudican viviendas sociales a sabiendas de que estaban ocupadas por otras familias

   
Viviendas de La Multa-Santa Clara ocupadas de forma irregular. / DA

Viviendas de La Multa-Santa Clara ocupadas de forma irregular. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Tenerife denunció ayer la “incompetencia y mala gestión” del algunos organismos públicos, entre ellos el Ayuntamiento de la capital tinerfeña y Visocan, al carecer de protocolos de actuación de emergencia habitacional en plena crisis y “enfrentar” a familias necesitadas al adjudicar viviendas a sabiendas de que están ocupadas por otras, ambas situaciones “de extrema necesidad”.

Es lo que ha ocurrido a una decena de familias en Santa Cruz de Tenerife, a las que el Ayuntamiento adjudicó el 11 de marzo de 2013 viviendas sociales a pesar de que, según consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno, se encontraban ocupadas por personas carentes de título. A día de hoy, los adjudicatarios no han podido disfrutarlas, ni tampoco un hogar alternativo, como expuso el martes a este diario una de las adjudicatarias de una casa en Finca de la Multa Santa Clara.

En su caso, con 22 años, tiene dos hijos menores, está en paro y cobra una ayuda de poco más de 400 euros, que se le acaba en noviembre, y ya no puede pagar el piso que alquiló a una inmobiliaria con una ayuda municipal. “Yo no quiero que echen a nadie a la calle, porque los ocupas son personas sin recursos que también necesitan un techo, pero es de justicia que se me ofrezca una solución, como entregarme otro piso, porque no es justo que, teniendo adjudicada una casa, viva con este temor a ser echada de la vivienda en que vivo”, afirma la joven, cuyo caso lleva al pleno municipal hoy Ciudadanos.

En una certificación del acuerdo de la adjudicación, consta que el Ayuntamiento conocía la ocupación de las viviendas cuando las adjudicó, al figurar un informe del 8 de marzo de la sociedad Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, sobre la situación de estos inmuebles.

Un extremo que contrasta con la versión dada el miércoles en Teide Radio por el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien aseguró que el texto del acuerdo no detallaba tal circunstancia y que algunas casas fueron ocupadas ilegalmente el mismo día de la adjudicación. Bermúdez reconoció, no obstante, que se trata de un “problema injusto” para las personas con casa ya adjudicada y que espera que al menos la mitad de las familias ocupas dejen libres estos inmuebles para trasladarse a otros, de alquiler pagado en su mayor parte por el Consistorio. La otra mitad se niega a esta solución, lamentó.

La Consejería de Viviendas del Gobierno regional afirma que no adjudica pisos sin antes desocuparlos mediante un expediente de desahucio, por lo que muestra su extrañeza si así no se hiciera en otros organismos públicos.