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Agricultura, cultura y leyes ambientales – Por Wladimiro Rodríguez Brito*

   

En Canarias, desde la noche de los tiempos, se ha logrado sobrevivir gracias a una cultura perfectamente adaptada que ha gestionado óptimamente los limitados recursos de las Islas. La relación entre el hombre y la naturaleza, la manera de domesticar plantas y animales, así como el resto de los aspectos culturales, han sido muy flexibles, adaptándose continuamente al medio y a las cambiantes y duras condiciones.

Muchos canarios demandan en estos momentos cambios ante una cultura que ha burocratizado las relaciones entre el hombre y la naturaleza, poniendo unos límites que tienen mucha teoría y lamentablemente poca adaptación a la realidad. Nuestro Parlamento ha sido en los últimos años una fábrica legislativa que apenas ha dedicado tiempo a la realidad social que debe gestionar. La sociedad rural, agrícola y ganadera, tal vez por falta de representatividad, ha sido aplastada por un marco legal aprobado desde la distancia por nuestras instituciones.

Ahora, con la crisis, surgen graves problemas al buscar alternativas económicas más allá de la sociedad de servicios establecida como modelo oficial para las Islas. Las distintas categorías en las que se ha cuadriculado el espacio rural nos están dejando caminos sin salida para dar utilidad a gran parte de nuestro campo. Las acciones de incorporar nuestra población al medio rural y de crear puestos de trabajo en la tierra tropiezan con unas barreras que impiden los usos tradicionales. Las tierras antaño de cultivo hoy no solo tienen las dificultades que nos impone nuestro duro medio insular (aridez, topografía escarpada, fuertes vientos, etcétera), sino que hemos añadido artificialmente unas fuertes limitaciones sobre las actividades agrícolas y ganaderas.

En los últimos años, la gestión del territorio no ha tenido en cuenta a los moradores de éste. Se llega al extremo de utilizar denominaciones tan artificiales como polígono ganadero, paisaje protegido integral y toda una serie de adjetivos que nada tienen que ver con una gestión del territorio en la que el hombre y la naturaleza estén integrados, en el plano ambiental y social.

Son numerosos los agricultores y ganaderos que se encuentran con que no solo tienen que luchar con lobbies importadores de alimentos o con la incomprensión de Madrid, como ocurre con los tomates y los compromisos incumplidos con el coste de los fletes Canarias-Cádiz. Son muchas las promesas hechas al mundo rural que hoy no son más que papel mojado. Los que todavía quieren seguir sembrando y plantando nuestros campos valutos piden que nuestra Administración permita los usos tradicionales con los que ha convivido nuestro pueblo a lo largo de la historia.

En Canarias vivimos más de 50 personas por hectárea cultivada. Somos totalmente dependientes en alimentación, con lo que esto significa ante cualquier crisis internacional. En los años sesenta del pasado siglo, cuando emigraron de Canarias casi el 20% de su población a Venezuela, vivíamos en las islas seis canarios por hectárea cultivada; en la superpoblada China en estos momentos hay 10 chinos por hectárea cultivada.

Los 12 millones de turistas que nos visitaron el año pasado hacen ver que la alternativa a la crisis requiere otra cultura hacia el medio ambiente, hacia la agricultura y cuanta actividad sea posible para un reequilibrio entre población y recursos.

Nuestra cultura, desde la familia, la escuela, hasta el marco legislativo de nuestro Parlamento, o la cultura de la calle y la política han de girar radicalmente. Nuestra cultura tradicional tiene mucho que hacer y decir; los modelos importados de otras zonas geográficas y otras culturas no nos ofrecen alternativa.
Lo que ocurre en La Aldea de San Nicolás, Arico, Santa Lucía y tantos otros puntos de Canarias es muy grave, ya que no hay alternativas a un cultivo para el que existen infraestructuras y una cultura enraizada en su gente para producir tomates. Hay mercado para unos tomates que hoy demandan en la Europa rica y a los que solamente les dificulta su producción y rentabilidad los costes de los fletes a Cádiz.

Gran parte de los problemas de la crisis tienen que ver con las actitudes humanas, con los valores y los compromisos. Como pueblo tenemos la obligación de buscar alternativas; la emigración no es la solución. No queremos pensar que la alternativa a la actual situación sea repetir la dura lucha de los aldeanos con la familia Nava-Grimón, en la que tuvo que intervenir el ministro de Primo de Rivera (Galo Ponte). Optimicemos nuestros recursos, sobre todo el factor humano; en el campo educativo y formativo hay mucho que hacer. Hagamos una jardinería ambiental que alimente las desorientadas mentes de los hijos y nietos de los que construyeron los machu pichus canarios que hoy se embarcan en la llamada crisis.

*DOCTOR EN GEOGRAFÍA POR LA ULL