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Alarma turística – Por Jorge Bethencourt

   

Ahora les da por ponerle nombre a todo. Y regularlo. A la burocracia, me refiero. El Estado quiere ser el socio invisible de cualquier transacción que se realice entre los ciudadanos. O lo que es lo mismo, quiere cobrar por todo lo que se mueva. Así pasa que se ponen a hacer leyes, reglamentos y normas, de forma tal que a veces ni ellos mismos se entienden.

El nuevo oscuro objeto de debate se llama “alquiler vacacional”. La patronal turística y el sindicato CC.OO. ofrecieron una insólita rueda de prensa ¡¡juntos!! para denunciar una actividad que “puede cargarse el sector”. ¿Cuál es esa actividad potencialmente mortal para la hostelería? Pues el alquiler de viviendas particulares. El siglo de las páginas web y el comercio electrónico está alumbrando nuevas modalidades de concentración de la oferta de forma que ya hay -dicen- algunos portales donde se pueden encontrar lugares para alquilar fuera de los circuitos empresariales tradicionales. El problema es que es perfectamente legal que una persona que tiene tres viviendas se decida a alquilar dos de ellas, siempre que pague sus impuestos. Y si se las alquila a unos belgas o unos alemanes es indiferente y tan legítimo como si se la alquila a unos vecinos de La Gomera.

No sé exactamente que están pidiendo empresarios y el sindicato. Pero me temo que se trata de ponerle puertas al campo. Prohibir a una persona el libre ejercicio de los derechos inherentes a una propiedad privada roza claramente las fronteras de lo inconstitucional. Los establecimientos turísticos son negocios clasificados. Las viviendas privadas se pueden alquilar con un certificado de eficiencia energética y a cualquier ciudadano. Que la vivienda esté en Taco o en la primera línea de playa de Fañabé es anecdótico.

No veo que a largo plazo el tema de las viviendas en alquiler sea un problema de competencia para el sector. En todo caso no para el hotelero. Hay demasiadas estafas en internet como para que la gente se fíe de alquilar una casa de otra persona que vive a tres mil kilómetros sin más garantía que el colegueo de una red.

Para que el negocio funcione como tal se tendrá que profesionalizar agrupando propietarios y creando una intermediación segura, momento en el que será absolutamente vulnerable a la cuchilla del carnicero fiscal y legal. La alarma del sector me parece más una sobreactuación que otra cosa.