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Las audiencias provinciales proponen medidas para agilizar los macrojuicios

   
Imagen de un macrojuicio reciente en Tenerife. / FRAN PALLERO

Imagen de un macrojuicio reciente en Tenerife. / FRAN PALLERO

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

Soluciones para que los macrojuicios sean factibles. Así se recogen entre las conclusiones de las XIV Jornadas Nacionales de Presidentes de Audiencias Provinciales, celebradas recientemente y en las que también se incidió por la imprescindible renovación de la Ley sobre Enjuiciamiento Criminal (LECrim), entre los cuales se pide que la conformidad se extienda a todo tipo de procesos penales, como ya defendió en su día el titular provincial, Joaquín Astor Landete, cuando tomó posesión de su cargo.

Por lo que respecta a los macrojuicios, los magistrados abogan por las piezas separadas ya prevista en el art. 762.6 de la LECrim, además de evitar en lo posible los trastornos que estos procesos suelen acarrear a las secciones afectadas. Para ello piden que se fijen criterios y pautas unificadas que posibiliten una rápida y uniforme aplicación de las medidas de apoyo y/o liberaciones que se consideren pertinentes, atendiendo a la carga de trabajo que impliquen.

Entre las mismas destaca la celebración de una audiencia con carácter previo o preliminar a las sesiones de enjuiciamiento, con el fin de examinar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que puedan afectar a las fuentes de prueba, exponer y concretar la fijación de hechos objeto de debate y la solicitud de prueba ya formulada.

La gestión de la información y publicidad en los denominados “macrojuicios” se llevará a cabo ponderando junto con el derecho a la información, las garantías de los imputados y demás intervinientes en el proceso penal, con la adecuada protección y atención a las víctimas. Se preservará que el enjuiciamiento posibilite un marco de interlocución presidido por las reglas de la confrontación y el discurso racionales, sin opacidad y sin intervenciones ajenas que puedan poner en riesgo la funcionalidad del proceso para el fin que tiene asignado.

Por lo que respecta a la conformidad, también se solicita que la Mediación Penal debe ser potenciada, regulándola normativamente. Tras recibir declaración a las partes implicadas en un proceso penal, si el imputado reconoce o está dispuesto a reconocer su participación en los hechos y a reparar el daño causado, debe darse traslado al Servicio de Mediación. Si esta termina siendo positiva, merece unos efectos superiores al acto de conformidad, en cuanto la mediación es más amplia y persigue efectos distintos a la conformidad, constituyendo la protección de la víctima uno de sus principios fundamentales, a la vez que tiene mejores efectos rehabilitadores para el autor de los hechos.

Por último, se propone igualmente dotar al Consejo General del Poder Judicial de mecanismos de financiación autónoma y adecuada de forma que pueda autorizar refuerzos sin necesidad de acudir al Ministerio para su aprobación.