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Rivero llevará al Tribunal de la UE su rechazo a los sondeos de Repsol

   
El jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno. / FRAN PALLERO

El jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Paulino Rivero repartió ayer píldoras contra la depresión. “Los canarios nos crecemos ante situaciones de injusticia y abuso”, alentó el jefe del Ejecutivo regional tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre las prospecciones petrolíferas y el previsto aterrizaje de capital privado en la red de aeropuertos españoles.

En lo que respecta al asunto más crudo, el del petróleo, el presidente garantizó que removerá “Roma con Santiago” para llegar al Tribunal de Luxemburgo y revertir lo que tachó de “obsesión”.

En una comparecencia informativa posterior a la reunión del Consejo -esta vez, sin el acompañamiento de los demás miembros del Gobierno-, Rivero vertió sospechas de “opacidad” sobre la resolución del Supremo, por “no consultar” con las autoridades de la Unión Europea, y se apoyó en los votos particulares de dos de los cinco magistrados de la Sala Tercera del alto tribunal para dictaminar que existen “serias dudas” acerca de la legalidad de las autorizaciones a la multinacional Repsol. Aunque reconoció que los riesgos potenciales en esta fase de investigación son prácticamente nulos, Rivero alertó de los “daños irreparables” que, a su entender, se derivarían de una eventual extracción de hidrocarburos “en el entorno de las aguas de Lanzarote y Fuerteventura”. No solo en el medio ambiente de las islas orientales, insistió, sino en el turismo de toda Canarias. Aun sin haber recibido la notificación de la sentencia, el mandatario aireó que, en su escrito, el Tribunal Supremo subraya que “el acto recurrido ha dado lugar a una considerable controversia pública”, y que el Consejo de Ministros “compromete su responsabilidad”. En cualquier caso, el mencionado órgano judicial puntualiza que los tribunales se limitan a examinar las cuestiones “desde el ámbito de la adecuación a las normas” y dejando al margen otras consideraciones relativas a la” mayor o menor oportunidad o acierto de la decisión adoptada”.

Pero, más allá de los aspectos jurídicos, Paulino Rivero quiso dejar claro que se trata de una defensa “política y social” de largo recorrido de los intereses de los canarios. “Haremos lo que esté en nuestras manos” para que el Tribunal de la Unión Europea reparta las cartas del envite.

Por de pronto, las citas de Rivero con los accionistas de referencia de la petrolera ya tienen fecha: el 7 de julio con Sacyr y el 21 del mismo mes con Caixa Bank. El presidente autonómico se ha propuesto tocar la fibra sensible de los representantes de esas empresas, “con negocios importantes en Canarias”.
Paralelamente, sigue pendiente el despacho con Felipe VI.

El lunes finalizará el plazo para que Mariano Rajoy responda a la solicitud del referéndum. Rivero admitió que el comodín de la consulta a la ciudadanía no estará disponible hasta el último trimestre del año en curso.

Transferencia de los ocho aeropuertos de Canarias

Lo había anunciado a través de la megafonía mediática y ayer levantó el vuelo. El Gobierno de Canarias ha acordado convocar la reunión de la comisión mixta de transferencias para solicitar formalmente el traspaso de la gestión de los ocho aeropuertos que operan en el Archipiélago, en aplicación del artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía: “(…) cuando el Estado no se reserve su gestión directa”. El plan del Ministerio de Fomento pasa por la privatización del 49% de la empresa AENA.

El Ejecutivo regional justifica esta determinación en las “especiales circunstancias” que concurren en las Islas. “En el continente existe la alternativa del tren”, resaltó Paulino Rivero en el patio de la sede tinerfeña de la presidencia del Gobierno.“Si hay desequilibrio en las cuentas no será por culpa nuestra”, enfatizó.
El Parlamento debatirá en el próximo pleno una comunicación del Gobierno.