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Desaforados – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

El proceso -y el procedimiento- de abdicación de don Juan Carlos y proclamación del nuevo Rey ha sido calificado por muchos de chapuza política y jurídica. Y es preciso reconocer que hay argumentos que avalan ese calificativo. Si la decisión estaba tomada -y pactada con Rajoy y Rubalcaba- desde hace meses, y tan solo se esperaba a las elecciones europeas para hacerla efectiva, no se entiende que se hayan dejado para última hora aspectos sustantivos como el aforamiento del hasta ahora Rey, que sigue siéndolo con carácter honorífico. En este asunto, igual que en otros relacionados con la Justicia y las instituciones, el Gobierno y el Partido Popular se muestran erráticos y desconcertados, al compás de los acontecimientos del día al día y de los ataques de la oposición y los movimientos ciudadanos. Y es muy probable que una parte de la culpa de esta situación se pueda atribuir al inefable ministro Ruiz-Gallardón, especialista en suscitar problemas con un alto coste electoral y de desgaste, perfectamente evitables, como las tasas judiciales o el aborto. En este sentido, es uno de los peores ministros de Justicia que hemos sufrido en la democracia, aunque hay mucha competencia para el puesto.

Sin embargo, también es preciso apresurarse a reconocer que la ausencia de una Ley Orgánica de la Corona, que desarrollara el Título Segundo de la Constitución, ha complicado las cosas aún más. La ausencia de una Ley semejante ha implicado, por ejemplo, que durante estos años la posición jurídico política y la representatividad del Príncipe de Asturias se hayan movido entre la indefinición y los sobreentendidos, actuando tanto en el interior como en el ámbito internacional en calidad de una especie de vice Rey o vicepresidente del Estado, con funciones para las que no contaba con apoyatura legal suficiente. Y no digamos nada su consorte o la Reina doña Sofía. Los sucesivos Gobiernos, socialistas y populares, han ido posponiendo la cuestión, que no parecía inminente, y así hemos llegado hasta aquí con todo por resolver. No obstante, según afirmábamos más arriba, Rajoy ha tenido tiempo de sobra en estos meses para adoptar unas medidas legales que ahora se ve obligado a implementar aprisa y corriendo, con una parte significativa del arco parlamentario en contra.
Para empezar, algunos juristas cuestionan que hiciera falta una Ley Orgánica para sustanciar la abdicación. El artículo 57.5 de la Constitución dispone que las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resolverán por una Ley Orgánica. El contexto y el verbo utilizado se podrían interpretar en el sentido de que sería necesaria la Ley solo cuando la abdicación suscitara dudas de hecho o de derecho. Pero, en fin, el trámite se completó con la abstención o el voto en contra únicamente de la extrema izquierda y los nacionalistas, y el tema de la Ley Orgánica ha devenido en menor.

Mucha mayor importancia -y controversia- reviste -y genera- el aforamiento de don Juan Carlos. Debemos distinguir cuidadosamente esta figura de la inviolabilidad y de la inmunidad. Según el artículo constitucional 56.3, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad porque sus actos son siempre refrendados por una autoridad del Estado (los franceses lo denominan doble firma). También son inviolables los diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (artículo 71.1). Durante el período de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio) (artículo 71.2). El aforamiento aparece en el artículo 71.3: “En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

En otras palabras, el aforamiento no consiste en ser inviolable o inmune, sino en el derecho -privilegio- a ser juzgado por el Tribunal Supremo y no por el juez ordinario predeterminado por la Ley. Algunos aforados niegan su carácter de privilegio porque reduce las instancias procesales de recurso. Pero lo cierto es que este país es una excepción democrática en el número de aforados. Alguien se ha ocupado de calcular que son unos 10.180, nada menos, entre los que se encuentran unos 7.500 jueces y fiscales, todos los diputados nacionales y autonómicos, los senadores y los miembros del Gobierno. Para darnos cuenta de lo que esto significa, hemos de tener en cuenta que en Alemania no hay aforados; en Portugal solamente está aforado el presidente de la República; en Francia el presidente de la República y los miembros del Gobierno, y así sucesivamente. No parece muy lógico que diputados y senadores aforados le nieguen el aforamiento al anterior Rey. Lo hizo constar UPyD, que, a pesar de ello, votó en contra. Solo lo apoyaron los populares, con UPN y Foro Asturias.

Los socialistas se abstuvieron y, junto a CiU, han justificado su posición en base al procedimiento utilizado por el Gobierno. Las otras fuerzas políticas discrepantes rechazan simplemente que el Rey anterior esté aforado. Argumentos desaforados que encubren razones políticas que van más allá del aforamiento.