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Diarrea legislativa – Por Francisco Pomares

   

El Gobierno de Canarias quiere meter en el pleno parlamentario de julio la toma en consideración del proyecto de ley de armonización territorial, una propuesta que no cuenta con el apoyo del resto de los partidos ni de los entes locales con competencias territoriales, y que Nueva Canarias ya ha anunciado que enmendará a la totalidad. Los cabildos insulares ya mostraron su desacuerdo con la propuesta, protagonizando la semana pasada un estrambótico plante ante la comisión General de Cabildos del Parlamento. Pero no son los únicos que se han posicionado en contra de un proyecto que el Gobierno está decidido a sacar pese a quien pese: también la Federación Canaria de Municipios emitió un informe negativo, que se suma al dictamen del Consejo Consultivo en el que se alude a la posible inconstitucionalidad del proyecto, y a las críticas de colegios profesionales y de expertos en urbanismo que creen que el proyecto no resuelve los conflictos planteados, y además crea otros nuevos. La pregunta evidente es por qué se emperra el Gobierno en sacar una ley tan cuestionada… Y esta ley es sólo una de las cinco que serán debatidas en la sesión plenaria de junio, en la que el Gobierno ha decidido colocar también su proyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Fiscales, la ley de la Agencia Tributaria Canaria, la de Fomento del Emprendimiento y Apoyo al Trabajo Autónomo, y la iniciativa legislativa popular sobre educación, sin que se descarte que pueda entrar también la Reforma del Reglamento del Parlamento y de la Prestación Canaria de Inserción. De hecho, en el último tramo de esta legislatura, el Gobierno de Canarias espera poder aprobar hasta 30 leyes, un récord absurdo y poco sensato, que tiene mucho que ver con la errónea percepción de que un buen gobierno es el que más legisla. De hecho, la productividad de los gobiernos
-y más aún de los Parlamentos- sigue midiéndose por la cantidad de leyes que son capaces de tramitar en una legislatura. Con ese sistema, con decenas de leyes aprobadas de media al año, España se ha convertido en la nación europea con más leyes. Eso no quiere decir que los problemas se resuelvan, ni mucho menos: la complejidad legislativa no ayuda a resolver los problemas, lo que hace es complicar su solución, enredar la tramitación burocrática y normativizar la vida social. Tendríamos que cambiar el chip, y llegar a la conclusión de que los mejores gobiernos no son los que aprueban más leyes, sino los que las simplifican o derogan. Pero en política legislativa es mucho más fácil darle a la tecla que pasar la goma de borrar.