Hallan indicios de responsabilidad contable en fundaciones públicas

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha encontrado “indicios de responsabilidad contable” en varias fundaciones de la Comunidad Autónoma, asunto que ahora“deberá determinar, en su caso, el Tribunal de Cuentas” del Estado. Así lo advierte el órgano fiscalizar canario en su informe sobre la estructura organizativa, procedimientos contables y controles implantados por estas entidades públicas durante el periodo 2006-2009.

Según la auditoría, en la Fundación Canaria de Investigación y Salud (Funcis), la Fundación Canaria para el Fomento de Salud en el Trabajo (Funcatra) y la Fundación Juventud Ieo, sus gerentes recibieron más sueldo del permitido, sin que mediase autorización previa del Gobierno canario. En Funcis y en la Fundación Rafael Clavijo (FRC), el personal recibió incentivos, gratificaciones y otros complementos no previstos en el convenio colectivo. En la Funcis, la Audiencia advierte falta de criterios objetivos para fijar las retribuciones del sueldo de los investigadores en proyectos con subvenciones privadas. En Funcatra, se han abonado incentivos y pluses no recogidos en los contratos del personal ni en el convenio colectivo. En Funcis se indemnizó a una trabajadora 12.664 euros a razón de 45 días por año cuando en su contrato se estipulaba 8. En FCR 16 investigadores que eran personal del Hospital Universitario de Canarias recibieron cada uno más de 3.000 euros en 2009 sin solicitar el certificado de compatibilidad al departamento de Recursos Humanos. La Funcis ha abonado 43.214 euros en concepto de deuda principal, sanciones, intereses y recargos tributarios en el trienio 2007-2009.

Estas son solo algunas de las irregularidades ( en este caso con posible responsabilidad contable) recogidas en el informe, que presentó en una comisión parlamentaria ayer el presidente en funciones de la Audiencia de Cuentas , José Carlos Naranjo, quien alertó también de anomalías en la selección de personal en cinco fundaciones.

Así, el órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma recomienda a cinco de las ocho analizadas cumplir con los principios de selección de personal, mientras que a tres les apremia a respetar los criterios establecidos en las nuevas contrataciones, una anomalía en la que también incurrieron seis de las ocho en la contratación de bienes y servicios.