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Ley y diálogo – Por Leopoldo Fernández

   

Hace cuatro meses, el Gobierno de Canarias, por acuerdo plenario del Parlamento autonómico, solicitó permiso al Ejecutivo nacional para celebrar en las Islas un referéndum consultivo sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas próximas a la mediana con Marruecos. Podrá gustar o no la realización de un plebiscito de esta naturaleza, pero se trata de un acto plenamente legal, previsto en el artículo 92 de la Constitución española “para decisiones políticas de especial trascendencia”, como es el caso. Personalmente he reiterado mi criterio de que esta consulta resulta oportunista, demagógica, electorera incluso, y de ámbito muy discutible, ya que un posible hallazgo de petróleo desborda el medio estrictamente autonómico y, por obvias razones de interés nacional, afectaría al conjunto del país. Pero sea como fuere, lo que resulta de todo punto intolerable es el ninguneo que están sufriendo las instituciones canarias por parte del Gobierno central. Por muy fino que trate de hilar argumental y jurídicamente la Abogacía del Estado en la respuesta que prepara -al tratarse de un precedente que puede sentar cátedra oficial para el futuro-, parece que un cuatrimestre es tiempo más que suficiente para haber contestado de modo oficial a la legítima demanda canaria.

Ya sabemos que la respuesta va a ser negativa -así lo han anticipado ya varios ministros-, pero debe producirse en un tiempo razonable porque no agota la posibilidad de celebración de la consulta si la autoridad judicial así lo entendiera y Canarias decide recurrir a la Justicia. En este caso tan importante es el fuero como el huevo porque ya está bien de desprecios y desconsideraciones. No hablo de otras comunidades, pero con demasiada frecuencia el Archipiélago soporta tropelías y abusos por parte del Gobierno del Estado. La solicitud del certificado de residencia, el aplazamiento de pagos -en el caso de la compensación al transporte- comprometidos y presupuestados, el incumplimiento de la media anual de inversión pública estatal que fija el REF, la falta total de tacto -incluso la ausencia deliberada de diálogo- a la hora de acordar asuntos de especial sensibilidad para las Islas, como el problema del tomate y la privatización del 49% de la gestión de AENA -por no hablar del asunto mismo del petróleo- o imponer la inaplicación de convenios bilaterales de gran importancia, como el de carreteras, entre otros, son algunos ejemplos de un proceder inadecuado, injusto, hasta vejatorio, impropio de un Gobierno prudente y sensible, en un Estado descentralizado como es el de las Autonomías. No le va a la zaga en su proceder el Gobierno canario, pero hoy toca cantar, con destino Madrid, las verdades del barquero.