X
el dardo>

Leyes inútiles – Por Leopoldo Fernández

   

Para justificarse ante los ciudadanos y dar señal de trabajo y dedicación, los gobiernos autonómicos preparan normas de distinto rango para su posterior remisión a los parlamentos, donde por lo general son aprobadas pese a que en algunos casos se trata de leyes absurdas, ridículas, una especie de copia y pega -con leves alteraciones o ligeras incorporaciones- de otras leyes vigentes en todo el territorio nacional o en partes de él. En el caso de Canarias, un par de ejemplos avalan lo que digo.

Así, al ejecutivo de Paulino Rivero no le basta la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por el Congreso de los Diputados en noviembre del año pasado, que obliga a todos los poderes del Estado y a todas las administraciones, sindicatos, partidos, colegios profesionales, a hacer públicos sueldos, gastos, subvenciones, planes, memorias, informes y en general datos muy diversos. El gobierno estatal tendrá que poner en marcha un Portal Digital de Transparencia para facilitar su propia información y las subvenciones superiores a 100.000 euros al año. Todo esto, ya digo, no le parece suficiente al ejecutivo canario, que quiere una ley “más avanzada”, “más abierta”, “más ambiciosa”. Y a esa tarea se está aplicando con una dedicación admirable. Sobre todo por lo que supone de pérdida de tiempo. Otra ley perfectamente inútil es la que afecta a la reforma de la de Vivienda en la parte que se refiere a expropiaciones temporales de casas a bancos para evitar desahucios a familias vulnerables y otra serie de medidas complementarias que son un copia y pega de leyes similares de Andalucía y Navarra. Ambas no han podido entrar en vigor porque las ha recurrido el gobierno de Rajoy y las ha paralizado el Tribunal Constitucional.

Otra Ley genial es la de Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, que reserva al presidente Rivero la posibilidad de decidir por sí y ante sí qué inversiones que considere estratégicas o de interés para las Islas se salvan de la maraña legislativa y burocrática a la que están obligados quienes invierten poco o tienen que esperar años y años, a veces seis u ocho -y a los funcionarios competentes no se les cae la cara de vergüenza-, para recibir el visto bueno oficial a sus proyectos, casi siempre retrasados por cuestiones medioambientales o urbanísticas. Una norma para tan libre albedrío presidencial y discrecionalidad de juicio no sólo es una aberración jurídica sino un abuso de poder que lógicamente echarán abajo los tribunales. Y a todas estas, una veintena larga de importantes proyectos turísticos, valorados en al menos mil millones de euros, esperan la bendición oficial para su puesta en marcha. Curioso, ¿no?