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SENTENCIA DEL SUPREMO PROSPECCIONES PETROLÍFERAS >

Los magistrados discrepantes creen que el Gobierno autorizó los sondeos sin pleno conocimiento de los valores ambientales de la zona

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Los dos magistrados del Tribunal SUpremo (TS) que han discrepado sobre la legalidad de las autorizaciones dadas a Repsol para buscar petróleo o gas en Canarias consideran que el Consejo de Ministros tomó esta decisión pese a no contar con un informe que les permitiera adoptarla “con pleno conocimiento de los valores ambientales existentes en la zona afectada”.

Esa es la opinión de Isabel Perelló y José Manuel Bandrés, que por este y otros motivos han emitido un voto particular, apartándose del sentido de la sentencia, respaldada por otros tres magistrados de la Sala Tercera de los Contencioso Administrativo, que desestima los recursos presentados por el Gobierno canario, los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Greenpeace, WWF, la fundación César Manrique e Izquierda Unida.

En su argumentación disidente, que ocupa diez de las 61 páginas de la sentencia, ambos magistrados sostienen que los permisos dados en 2001 por decreto a Repsol para hacer las prospecciones, anulado por el TS en 2004 por incumplir las exigencias medioambientales, hubieran caducado si el Gobierno estatal, en 2012, no los hubiera corregido y convalidado.

Dicho esto, Perelló y Bandrés sostienen que el Gobierno central “debería haber exigido” un estudio medioambiental “pormenorizado, que recogiera un inventario de los bienes e intereses afectados por las perforaciones en el subsuelo marino, y que identificara y clarificara los posibles impactos en un ámbito cualificado por su alto valor ecológico y de especial sensibilidad”. Un estudio, enfatizan, “que permitiera al Consejo de Ministros adoptar su decisión sobre la procedencia de autorizar o denegar los permisos de investigación con pleno conocimiento de los valores ambientales existentes”.

Pero no solo para el Gobierno hubiera sido necesario este informe, sino que para el Supremo hubiera sido determinante para fallar estos recursos. “La omisión de este estudio medioambiental, complementario de los documentos técnicos aportados, que valorase de forma íntegra y global el programa de labores no ejecutado, determinaría la estimación parcial del recurso contencioso administrativo interpuesto por el Cabildo de Fuerteventura y la declaración de anulación del real decreto 547/2012″.

Apoyan sus argumentos en que “el Derecho medioambiental de la UE está sustentado en los principios de precaución y desarrollo sostenible”

El voto particular también se basa en que hubiera sido preciso elevar consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (planteando lo que en terminología jurídica se denomina ‘cuestión prejudicial’) para aclarar si la normativa española respeta la comunitaria en dos cuestiones. Una, sobre si es acorde con las obligaciones de protección medioambiental a los Estados miembros de la UE “la legisalción nacional que difiere la evaluación de impacto ambiental de un programa de labores relativas a la investigación de hidrocarburos, con perforaciones exploratorias en el lecho marino, al momento en que se prevé la ralización efectiva de dichos trabajos”. La segunda duda que estos magistrados hubieran planteado al Tribunal de la UE es si la Directiva 2011/92 “excluye que los Estados miembros puedan someter los trabajos y las labores preparatorias” de la actividad extractiva de hidrocarburos “a una evaluación preliminar de impacto ambiental”.

Ambos miembros de la Sala Tercera apoyan sus argumentos en que “el Derecho medioambiental de la UE está sustentado en los principios de precaución y desarrollo sostenible”. Por ello, subrayan que “no cabe devaluar y eludir el alcalce y significado” del artículo 174 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en el sentido de que la política medioambiental debe contribuir a conservar, proteger y mejorar la calidad del medio, así como la salud de las personas, y el uso produdente y racional de los recursos naturales, “y que debe basarse en el principcio de cautela”, insisten.

Por todo ello, estiman procedente “reconsiderar” su propio criterio sentado como doctrina en la sentencia de 2004, y establecer que el momento adecuado para evaluar el impacto ambiental de un plan de este tipo sería no cuando se determinen las labores concretas para desarrollarlo sino desde el principio, para apreciar si alguno de los lugares o zonas de especial protección de Fuerteventura y Lanzarote peuden resultar afectados. Lo contrario, afirman, supone “una concepción disosiada, fragmentaria, y no unitaria”, que hacen que el Gobierno estatal “no pueda valorar ponderada y equilibradamente los distintos intereses públicos y privados” que concurren en este asunto.