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Normalidad procesal – Por Leopoldo Fernández

   

La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, ha sido imputada y procesada por la presunta comisión de dos delitos fiscales y por blanqueo de capitales dentro del caso Nóos, que también afecta a su marido, Iñaki Urdangarín, y a 14 personas más. La medida del juez José Castro no por esperada deja de constituir un normal acto procesal consecuencia del regular funcionamiento de la justicia, así como una prueba irrefutable de su independencia. Con esta resolución, que podría llevar consigo la solicitud de hasta 16 años de prisión para la infanta, se entiende mejor la previsora abdicación de don Juan Carlos, amparada también por el giro hacia la izquierda en las pasadas elecciones europeas y el temor a la pérdida de la mayoría absoluta en favor de la monarquía en las cámaras legislativas, con el consiguiente riesgo para un normal tránsito sucesorio. La ausencia de la infanta en los actos de traspaso de poderes a don Felipe como jefe del Estado y titular de la Corona y su salida de la nueva familia real forman parte del cortafuegos establecido para dejar a salvo la responsabilidad del nuevo rey en un asunto que tanto el anterior monarca como sus asesores áulicos gestionaron con lamentable ligereza. Está por ver cómo se resuelven los recursos contra el procesamiento de la hermana del rey anunciados por el fiscal -de manera un tanto precipitada y con juicios de valor inaceptables en quien viene obligado a defender los intereses generales- y por su propia defensa, sobre los que habrá de pronunciarse la Audiencia Provincial balear. Ésta ya ha dado dos fuertes varapalos al juez Castro en relación con otras tantas resoluciones contrarias a Cristina de Borbón cuyos fundamentos jurídicos y pruebas aportadas resultaron endebles. Y se verá también si se aplica o no la doctrina Botín -con lo que el caso podría decaer-, ya que no se ha producido acusación de los perjudicados directos: Fiscalía Anticorrupción y Ministerio de Hacienda. La reacción de la Casa del Rey difundida ayer ha sido un modelo de prudencia y respeto a la justicia, que contrasta con otras del anterior entramado real. Queda por ver si, como se rumorea en algunos círculos, la infanta renuncia a sus derechos sucesorios, más testimoniales que efectivos, y si el rey decide apearla del título nobiliario de Duquesa de Palma. En el primer caso, la infanta vendría a saldar simbólicamente la deuda que, por malas prácticas suyas y de su marido, contrajo con la sociedad española, y en el segundo, el monarca reinante dejaría bien claro, en un gesto de repudio de esa actuación, su postura decidida en favor de la limpieza y transparencia por parte de quienes encarnan responsabilidades públicas o están sometidos al escrutinio popular.