Parques nacionales – Por Leopoldo Fernández

De nuevo vuelve a plantearse la posibilidad de cobrar a los turistas una tasa por visitar cualquiera de los cuatro parques nacionales canarios. Así lo acaba de acordar por unanimidad, a través de su Comisión de Parques Nacionales, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en nombre de los ayuntamientos isleños que cuentan con este tipo de espacios protegidos. Naturalmente, los residentes locales quedarían exentos de la aplicación de ese canon, circunscrito exclusivamente a los turistas o visitantes foráneos. Como principal motivo en apoyo de su tesis, la Fecam aduce la necesidad de obtener recursos económicos suficientes para el adecuado mantenimiento de esos parques, así como su misma protección y la mejora del entorno, dado el progresivo descenso de las subvenciones públicas. Cuando en diciembre pasado planteó esta misma posibilidad el alcalde orotavense, Francisco Linares, con el cobro de medio euro por visitante y día -¿y por qué no uno, o dos, o más?-, dije que más parecía una ocurrencia carente de rigor que el fruto de una reflexión bien fundamentada. Porque una iniciativa de esta naturaleza no puede ser fruto de la improvisación, sino que debe basarse en un estudio previo riguroso, efectuado de acuerdo con los cabildos y el gobierno autonómico, teniendo en cuenta la legislación comparada existente, la opinión del sector turístico en su conjunto, el ejemplo de propuestas similares, así como los servicios que está dispuesto a prestar el parque de que se trate: control de accesos, aparcamientos, visitas guiadas, espacios de ocio y recreativos, etc. Me parece muy razonable que el ejecutivo autonómico y el cabildo tinerfeño se opongan a la implantación de una tasa que podría generar más problemas que los que pretende resolver. Por ejemplo, y sin salir de esta isla, cómo se reparte su importe entre los doce municipios con los que limita el parque nacional del Teide; quién se va a ocupar del mantenimiento de cada parque, su personal y los servicios que presta; si se aplica o no la misma política y el mismo importe tarifario en los cuatro espacios protegidos; cómo se va a garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, sean senderistas o viajen en vehículos de diversas clases, por los parques nacionales; qué papel se atribuye a los servicios de incendios o de otra índole en caso de siniestro; habrá un recaudador único o cada parque actuará por su cuenta…, y así podríamos seguir. Ni se puede cobrar por cobrar si no se ofrece algo a cambio -como en Timanfaya, en Lanzarote-, ni esta cuestión puede tramitarse sin una coordinación previa entre todas las partes. Lo que realmente urge hoy es que el Gobierno traspase de una vez a los cabildos la gestión de estos espacios protegidos.