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Un paso más – Por Fernando Clavijo Batlle*

   

Esta semana conocíamos el informe elaborado por el Consejo de Estado a raíz del recurso que presentamos en el Tribunal Constitucional casi 2.400 alcaldes de España en contra de la llamada Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que reforma de manera drástica, unilateral y arbitraria la Ley de Bases de Régimen Local. Como era de esperar, apelando al sentido común, el Consejo del Estado, avala, en este dictamen, nuestro posicionamiento de rechazo, asegurando entre otras cuestiones, que existen fundamentos jurídicos suficientes para que se plantee un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, que lo ha admitido a trámite.
La semana que viene daremos un paso más para materializar nuestro rechazo a esta Ley entregando al Tribunal Constitucional más de 70 cajas con documentación de apoyo a nuestra postura, con la que perseguimos la defensa y la protección de los 17 millones de ciudadanos a los que representamos ante una ley injusta e innecesaria. No somos solo los alcaldes y alcaldesas de miles de municipios de España los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma -ha sido recurrida por varios parlamentos, partidos y gobiernos autonómicos, entre ellos el de Canarias- y por ello, el Partido Popular debería dar marcha atrás y atender las razones que una inmensa mayoría de ediles, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia. Y es que esta nueva Ley, lejos de resolver carencias de la anterior, no tiene otro objetivo que criminalizar a las corporaciones locales y culparlas de un déficit que no es, ni de lejos, responsabilidad municipal. Por ello, hay que volver a recordar que si no fuera por los servicios que prestan los ayuntamientos, la fractura social de este país ya se habría producido hace mucho, toda vez que el Gobierno del Estado insiste en su política de ahogar al más débil y castigar impositivamente a las clases medias, como hemos comprobado en la reciente reforma fiscal. Con las cifras en la mano, el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Lo que más nos preocupa a los alcaldes, y que deberían entender aquellos que defienden esta ley, es la pérdida de competencias en un lugar fragmentado y de núcleos dispersos como Canarias, con las dificultades que ello conlleva, la inclusión de mecanismos de tutela e intervención y, sobre todo, la vulneración de derechos de los ciudadanos en muchos sentidos. En La Laguna nos preocupan, sobre todo, los servicios sociales. Si dejamos de prestar servicios como las ayudas a ONGs, ayudas de primera necesidad que permiten que los más desfavorecidos sobrevivan, ayudas a la vivienda, atención domiciliaria, escuelas infantiles, ocio formativo, obras en infraestructuras educativas… ¿quién lo hará? El debate, por más que se quiera desviar la atención, no es si hay o no que quitar municipios, sino si es rentable y, sobre todo, si, en la situación actual, es admisible que el ciudadano pierda el acceso a la administración a través de su corporación más cercana, que solo supondría un empeoramiento del servicio y una dificultad añadida a aquellos que carecen de recursos.
Por ello, desde La Laguna, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la Ley sea declarada inconstitucional y, ejerciendo nuestra responsabilidad y nuestra vocación de servicio público, daremos los pasos necesarios en nuestra lucha contra una Ley que vulnera los derechos más elementales de los ciudadanos.

*Alcalde de San Cristóbal de La Laguna