Canarias insiste en que no tiene recursos para aplicar la Formación Profesional Básica de la LOMCE

José Miguel Pérez. | DA

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha criticado este lunes que el Ministerio de Educación haya “ignorado” en su estimación sobre los costes correspondientes a la implantación de la Formación Profesional Básica (FPB) y de la ESO en Canarias aspectos “tan importantes” como la lejanía, la insularidad y la dispersión, a pesar de estar contemplados en el artículo sexto de la propia Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Así lo ha indicado Pérez en la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid junto a sus homólogos de Andalucía y Asturias. El consejero canario subrayó que se pretende financiar 1 de cada 5 euros por coste de alumno.

“No se ha tenido en cuenta que, tanto la dispersión, como la lejanía y, especialmente la insularidad, elevan el coste del alumnado en las islas, muy por encima de las estimaciones ministeriales, ya que será necesario crear para el mismo número de estudiantes que en las demás comunidades una mayor cantidad de grupos con menos alumnos de los 30 que el Ministerio estima para definir los costes”, resaltó.

Por ello, Pérez mostró su preocupación por el “elevado coste” de oportunidad que supone su financiación tanto en la FPB como en lo referente a las modificaciones de la ESO. Añadió que los cambios propuestos por el Ministerio supondrán un coste “de más de 900 millones de euros para que el alumnado, finalmente, obtenga un título de un nivel de cualificación más bajo que el que habría obtenido terminando un Programa de Cualificación Profesional Inicial, o que pueda optar entre una vía académica y una vía aplicada para acceder al título de graduado a Educación Secundaria”, según informó el Gobierno canario en un comunicado.

En este sentido, indica que la propuesta de financiación remitida por el Ministerio recoge un gasto aproximado de 964 millones de euros para la aplicación de las modificaciones. Esta cifra, dijo, “está lejos de suponer un aumento de la inversión en Educación”, recordando que la previsión del Gobierno central para la actual legislatura en este ámbito “estima una reducción cercana a los 9.000 millones de euros, de los cuales más de 7.000 millones ya se han dejado de invertir”.

Pérez también consideró que siendo la Administración General del Estado la responsable de modificar el sistema educativo introduciendo unas nuevas enseñanzas de carácter obligatorio, “debe, por tanto, hacerse cargo también del coste completo de la financiación y no sólo del sobrecoste, que es lo que pretende el ministro Wert”.

Sin embargo, apuntó, que con la propuesta actual, el Gobierno central “sólo tendrá que pagar la diferencia entre financiar los Programas de Cualificación Profesional o financiar la Formación Profesional Básica”, teniendo que ser el Ejecutivo canario, con cargo a sus propios presupuestos, “quien tendrá que asumir el grueso de todo el coste y esta diferencia es muy elevada”.

PAGO POR ESTUDIANTES

Respecto a las estimaciones de la Consejería, Pérez indicó que aunque el Ministerio ha destinado a Canarias 44 millones de euros, el “coste real de los cambios propuestos” para las islas será “casi cuatro veces más” porque apunta que el gasto por estudiante de la FPB es de 5.219 euros, mientras que en los actuales programas de cualificación profesional sería de 4.327 euros.

En este sentido, el Ministerio “alega que ellos sólo están obligados a pagar la diferencia, mientras que el Gobierno canario defiende que están obligados a pagar el coste completo”.

En relación a las previsiones del Ministerio para el próximo curso escolar 2014-2015, el consejero canario criticó que “sólo tendrá que asumir el gasto correspondiente a 100 estudiantes de FPB en toda Canarias”, mientras que el Gobierno regional calcula que habrá unos 3.100 alumnos, “por lo que Canarias tendrá que financiar con fondos propios la escolarización de los otros 3.000″.

Por otra parte, en cuanto a los nuevos decretos del currículum para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, Pérez señaló que, “una vez más, se pone de manifiesto que los principios que inspiraron la Lomce eran erróneos”.

Por último, subrayó que analizando el decreto de la ESO se comprueba que el currículum se ha complicado “enormemente” para los centros y para el alumnado, afirmando que “todo parece indicar que el Departamento de Wert los ha diseñado apoyándose en un principio muy elemental: que los centros enseñen lo que consideren importante y luego será el Ministerio, a través de las reválidas externas, el que determine lo que tendrá de verdad valor”.