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Policarpo Sánchez – Por Luis Ortega

   

Después de tanta bulla y como “la codicia rompe el saco”, a lo peor, o a lo mejor, según para quien, la Generalitat catalana tendrá que devolver al Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca “todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en dicha Comunidad Autónoma a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña”. El objetivo sustancial de la demanda interpuesta por Policarpo Sánchez y admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia, se fundamenta en que “la normativa ha sido claramente vulnerada al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían los requisitos establecidos” y pide al juez de turno de TSJC “la urgente depuración de responsabilidades” por tal desafuero. El demandante que, “por inacción de los poderes públicos, se ha irrogado el papel de reivindicar la restitución de los fondos desvinculados de un centro estatal”, denuncia que, por las prisas para el traslado, “gran parte de los fondos salieron por las buenas”; de matute, vamos, y sin realizar ni conservar copias digitales de los mismos. Aplaudido por muchos paisanos y criticado por otros pocos que lo ven como “mascarón de proa de una maniobra política”, el garrido Sánchez – que conoce el centro como la “palma de su mano”- apoya sus denuncias en una sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013, que señala que “si no se ha podido acreditar la titularidad de los documentos, estos deber seguir integrando un archivo de titularidad estatal”. Denuncia el empecinado investigador que los expertos enviados por el Gobierno catalán camparon a sus anchas, sin nadie que orientara o vigilara sus actuaciones, que se llevaron cuanto quisieron – “incluso documentación de casas regionales y otra que, según la norma, no entraba en la base y los términos de la reclamación”. A ese efecto, pide en su demanda que devuelvan en su integridad y sin dilación “papeles absolutamente ajenos” -especialmente de las comunidades de Madrid, Valencia, Aragón y Asturias- “que no aparecieron en sus recurrentes reclamaciones y que no pintan nada en Barcelona”. Además, “para paliar un daño que, con el tiempo podría ser irreparable, deben regresar temporalmente a la ciudad salmantina todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo estatal una copia auténtica en los términos previstos legalmente”.