La controversia sobre las prospecciones en busca de petróleo en aguas cercanas a Canarias ha consumido un nuevo episodio, judicial en este caso. No sé con qué perspectiva contemplas este asunto, querido Juan. El Gobierno central, en particular el ministro José Manuel Soria, ha lanzado las campanas al vuelo por una resolución del Tribunal Supremo que permite al Ejecutivo central continuar con el trámite del expediente. Es una decisión, debo añadir, que todo el mundo esperaba, en la medida que la misma, producida como respuesta a los recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, atiende únicamente a la legalidad del procedimiento, y no a su oportunidad, ni tampoco a la praxis polÃtica empleada en una cuestión que por múltiples razones deberÃa ser materia pactada. El fallo judicial afirma, por ejemplo, que el expediente puede seguir adelante porque tiene informe de impacto ambiental, pero éste fue emitido pocos dÃas antes de que se conociera la decisión de los magistrados del Alto Tribunal, lo cual, qué quieres que te diga, es un detalle nada baladÃ. Pero hay algo aún más revelador: lejos de tratarse de una decisión unánime, dos de los cinco hombres sabios a los que se encargó dirimir el asunto exponen sus objeciones en sendos votos particulares motivados. El primer pulso judicial sobre el petróleo en Canarias ha sido resuelto, por tanto, por tres votos contra dos. Magra victoria para una cuestión de esta envergadura. Los magistrados discrepantes opinan que se deberÃa ejercer el derecho de consulta a la Unión Europea, que según las reglas que todos nos hemos dado es el garante último de la supervivencia de espacios naturales -marinos, en este caso- especÃficamente definidos por las autoridades comunitarias a instancias de los propios Estados miembros. O sea, que primero pedimos sostener nuestro hábitat y luego toleramos mancharlo de crudo porque a un tercero, una multinacional, le interesa. Me da que este asunto aún conocerá muchas vueltas. ¿Cómo lo ves tú?