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¿Y ahora qué? ¿Otra vez a los tribunales? – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

El Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho: que los permisos para buscar petróleo en aguas canarias son legales y que es el gobierno central, y solo el gobierno central, el que, haciendo uso de su “libertad de decisión”, resulta competente para valorar los riesgos de una operación de esta naturaleza -incluidos los que podrían afectar al desarrollo turístico de las Islas-, “por muy controvertida que sea”. Estas consideraciones, extraídas de las sentencias del alto tribunal que rechazan otros tantos recursos oficiales y particulares contra las prospecciones petrolíferas, deberían poner punto final a una lamentable confrontación política. Que además se ha judicializado, hasta extremos que rozan lo temerario, entre los gobiernos autonómico y central, éste en apoyo de la legalidad vigente y de sus atribuciones y aquél en lo que considera defensa de los intereses de Canarias. Esto último resulta etéreo y relativo porque -se hagan o no las prospecciones petroleras por parte de Repsol y sus socios- Marruecos sigue con su proyecto de búsqueda de hidrocarburos a media docena de kilómetros de donde pretende operar la multinacional española, con lo que los riesgos persisten y son superiores incluso a los que pudiera producir la otra parte, dada la diferente normativa legal aplicable.

Lejos de procurar una respuesta prudente, el gobierno canario, con su presidente a la cabeza, se lanza de nuevo a una desaforada carrera alarmista y amenaza con todos los males habidos y por haber -incluida la “desafección” de Canarias hacia España y la creación de “un problema de Estado”-, así como con nuevos recursos judiciales ante instancias nacionales y europeas. Hasta insinúa la posibilidad de llevar a cabo en otoño, pese a su ilegalidad manifiesta -en tanto en cuanto no puede llevarse a cabo ningún referéndum en Canarias, al amparo de ninguna ley autonómica, sobre cuestiones en las que la comunidad no sea competente-, la solicitada consulta popular sobre las prospecciones. Sobre la que, por cierto, el gobierno central actúa hasta ahora desleal y torticeramente.

¿Para qué quiere conocer el gobierno canario la opinión de la ciudadanía si ya sabe que está dividida, sobre todo en las islas occidentales, donde mucha gente está a favor del petróleo pese a los posibles riesgos que entrañe su extracción, cuando el valor de cualquier plebiscito de esta índole sería meramente consultivo? Si de peligros se tratara, ahí están los que debería asumir Canarias si Marruecos decide construir sus anunciadas centrales nucleares en puntos de su costa, casi frente a las Islas. Y más reales son los que soporta estoicamente la población de Santa Cruz con una refinería en funcionamiento que expulsa gases, contamina y puede sufrir un casual accidente. Puestos a especular y a extremar la posibilidad de contingencias, ¿no podría caer sobre la capital alguno de los miles de aviones que a lo largo del año sobrevuelan Santa Cruz para aterrizar o despegar en Los Rodeos? ¿Cerramos entonces el aeropuerto? El problema es que el gobierno asume que no existen riesgos en la actividad humana salvo si se alinean con sus interesados y sectarios puntos de vista.

Un asunto como este requiere desde su planteamiento inicial altura de miras, consensos básicos, un debate sereno y cualificado entre profesionales y entendidos y la actuación responsable de todas las partes, sin manipulaciones, exageraciones ni utilizaciones partidistas del argumentario por parte de nadie. Lejos de esa actitud ejemplarizante, la cuestión se ha politizado hasta el paroxismo porque se ha buscado la confrontación política desmedida y se ha impedido primero y rechazado después cualquier intento de diálogo constructivo y entendimiento leal entre las partes. En el colmo de la contradicción y el dislate irreflexivo, tanto CC como PSOE, que ayer defendían las prospecciones a machamartillo, hoy se oponen a ellas en un ejercicio de cinismo político oportunista y exclusivamente destinado a manipular a la opinión pública, ganar votos y descalificar al adversario.

Tras casi dos años de acusaciones y descalificaciones, amenazas y declaraciones subidas de tono, se ha llegado a un callejón sin salida. Ahora lo único que cuenta es la derrota total del considerado adversario. Y tan culpables son a estos efectos Repsol y sus socios como el despótico y sordo gobierno central -con su ministro canario de Industria a la cabeza-, el demagogo y cínico ejecutivo autonómico, empecinado en una batalla que sabe perdida -porque al final se buscará el petróleo y si lo hay será extraído, aunque sea modificando los correspondientes expedientes o la aplicación de las normas en vigor si así lo dispusieran los tribunales o las autoridades de Bruselas-, y unos grupos ecologistas cargados de fundamentalismo y negados por completo -no parece que hayan sido suficientes sus tremendos errores con el puerto de Granadilla y Vilaflor- a cualquier iniciativa de desarrollo razonable en beneficio de todos.

Supongo que el gobierno canario quiere ganar tiempo, aislar social y políticamente a los populares pensando en las próximas elecciones locales y autonómicas, y seguir atizando las brasas a ver si triunfa una respuesta social de cabreo antes de que el sentido común, la lógica y la razón de estado terminen por imponerse. Con el dinero de todos, las instituciones pueden instar nuevos recursos judiciales contra la reciente evaluación de impacto ambiental. Y contra la futura autorización de las prospecciones. Y recurrir al Tribunal de Justicia de la UE para determinar si las directivas comunitarias se cumplen. Pero al final del final, cuando se agoten todos los recursos y se consumen las prospecciones, ¿qué le queda al gobierno canario? ¿El derecho al pataleo? ¿Por qué no trata de reconducir el tema? ¿No piensa seriamente en la frustración y la división que está creando entre la ciudadanía? ¿Por qué no trata de convenir la posible imposición de un canon a todos los procesos extractivos de minerales en territorio canario o algún tipo de compensación por los riesgos que corre el Archipiélago ante una eventual fuga de hidrocarburos?
Por mucho que diga el gobierno autonómico, petróleo y actividades turísticas son compatibles. Y lo mismo petróleo y respeto a la biodiversidad. Hay ejemplos que así lo justifican. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE es terminante, incluso para zonas de alta protección. Y la del Supremo español, también. Lo anormal es pretender convertirse en la única región del mundo contraria al petróleo cuando las Islas dependen de él en más del 95%, y oponerse irracionalmente a la mera comprobación de su existencia a más de 60 kilómetros de las costas majoreras o conejeras.

Canarias necesita energías limpias y renovables. Pero estamos donde estamos por culpa de las ligerezas y tribulaciones de las autoridades isleñas. Es cierto que Gobierno, Parlamento, varios cabildos y ayuntamientos y otras instituciones, además de buen número de ciudadanos, se han pronunciado contra las prospecciones petrolíferas. Pero otra parte de la ciudadanía no menos relevante en calidad representativa no lo lo ha hecho o ha actuado en sentido contrario. Lo inaceptable es que algunos intransigentes, como un ecologista asesor del cabildo majorero, lleven su fanatismo y su beligerancia hasta el extremo de amenazar con acosar y expulsar de las Islas a los miembros del PP que apoyan las prospecciones. “No toleraremos que vivan entre nosotros”, ha dicho, amén de descalificar la sentencia del Supremo y otras lindezas por el estilo.

Como remate de fiesta, el presidente canario anuncia una visita a los dos principales accionistas de Repsol, Caixabank y Sacyr, que apenas reúnen el 21% del capital de la firma. Y acude a su casa para pedirles, nada menos, que renuncien a las prospecciones. Que no atiendan la finalidad para la que fue creada la empresa. Que no defiendan los legítimos intereses de los accionistas. Si esto no es surrealismo, habrá que resucitar a Óscar Domínguez.