Abren causa penal contra la empresa Sacyr por la gestión hecha en Emmasa

Sede de Emmasa en Santa Cruz de Tenerife. | DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Las noticias sobre la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa) se acumulan. Si el lunes anunciaba el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que se iniciaba el proceso de intervención del servicio del ciclo integral del agua que gestiona Emmasa, ayer era el concejal de XTF en el Ayuntamiento capitalino, José Manuel Corrales, quien confirmaba en rueda de prensa que el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz ha abierto una causa penal contra Sacyr Vallehermoso (accionista mayoritario de Emmasa) por un presunto delito societario, fraude en las cuentas y prevaricación. “Nosotros presentamos la denuncia a finales de junio y el juzgado ha entendido que existen suficientes indicios para abrir la causa penal”, explicó Corrales. Esto supone que todas las denuncias que se hayan presentado por este motivo se aglutinarán en el mismo juzgado. Aclara el edil de XTF que “en este caso lo significativo es que es el propio juzgado el que toma la iniciativa mientras que el ministerio fiscal se personará como acusación”.

Corrales invitó tanto a vecinos como al resto de formaciones políticas a conformar la acusación popular en esta nueva causa, así como también al Ayuntamiento: “De este procedimiento incluso puede derivarse algún tipo de derecho indemnizatorio para el Ayuntamiento de Santa Cruz porque lo que se investiga es si Sacyr ha cometido algún tipo de fraude”.

Corrales también anunció que, como era de esperar, procederá a ampliar la denuncia presentada contra Sacyr, aportando el acuerdo de intervención firmado por la Junta de Gobierno local así como la auditoría de gestión “en cuanto nos la entreguen”. Respecto a esta última decisión, el concejal de XTF entiende que, para que no sea “un paripé”, el Ayuntamiento debe cumplir con cinco exigencias claras: garantizar la prestación del servicio, revisar las inversiones hechas y las que faltan por hacer, congelar las tarifas del agua hasta que se aclare la situación, revisar las subcontrataciones y evaluar si de la situación se desprende algún tipo de contraprestación por los daños que se puedan haber causado. “Si la intervención es un primer paso para recuperar el servicio, estamos a favor”, reiteró Corrales para a continuación señalar que, “lo que no entiendo del todo es que no se sustituya el consejo de administración al completo, sobre todo cuando de la propia propuesta para intervenir se desprende que se ha producido una descapitalización de la empresa, no parece lógico darle tanto tiempo”.

Medidas cautelares
En el mismo sentido se expresa el concejal Pedro Fernández Arcila (Sí se puede) quien considera necesario que el Ayuntamiento coloque ya en Emmasa a las dos personas que van a realizar las funciones de control como medida cautelar: “Dos meses y medio es demasiado tiempo; hay que cortocircuitar desde el primer momento cualquier posibilidad de que se produzcan cambios de documentos”. Según Arcila, esta medida la avala la ley siempre que sea presentada como cautelar. Señala el concejal que la intervención, como inicio del proceso para rescindir el contrato, “si se hace bien, el paso último será recuperar el servicio de la gestión del agua para lo público, ese debe ser el objetivo”.