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Barrio rico o barrio pobre

   
Imagen de una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Santa Cruz: la calle Castillo. / DA

Imagen de una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Santa Cruz: la calle Castillo. / DA

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno pretende implantar en España los denominados barrios premium, o como se conoce en más de una veintena de países donde ya se emplea esta figura, el Business Improvement Districts (BID). Se trata de zonas de la ciudad que, a cambio de pagar más, reciben servicios extra, especialmente en limpieza, mantenimiento o seguridad. Una figura que está absolutamente arraigada en países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, pero que en España hasta ahora no ha tenido opción de consolidarse.

A diferencia de otros modelos en los que los comerciantes y empresarios de la zona pagan impuestos extraordinarios para recibir estos servicios complementarios, en España se ha ideado otra fórmula. Por ejemplo, a través de una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 95%. Una propuesta que en nada tiene que ver con los modelos norteamericano o canadiense.

El director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, lo tiene clarísimo. Esta medida se aleja bastante de lo que es una auténtica BID y se asemeja a una especie de “engendro” o “batiburrillo” sin sentido que generará auténticos problemas, porque, explicó, “lo que harán los ayuntamientos será dar mejores dotaciones públicas a las zonas que pagan más, ofreciendo servicios de primera o de segunda en función de las zonas de cada ciudad”.

Matos afirmó, además, que en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en Canarias, los comerciantes no son los dueños del local, con lo cual se estaría aplicando un descuento al que no está generando la actividad. Otro de los inconvenientes del modelo español sería, según Matos, la “inminente” privatización de los servicios públicos.

La idea del Gobierno, con la implantación del BID es crear un área o zona que compita con los grandes centros comerciales, ya que se trataría de gestionar una especie de gran superficie, pero al aire libre. El director general de Comercio no criticó los modelos canadienses o norteamericanos, pero si descalificó la propuesta española que tenderá, dijo, “a crear barrios de primera y de segunda”.

A modo de ejemplo uno de los BID más conocidos es el de Nueva York, que suma 69 áreas comerciales. Las más pequeñas, se gastan unos 36.000 euros anuales, y las más grandes, como el BID de Downtown Alliance, en el sur de Manhattan, 11,7 millones de euros para prestar servicios de limpieza, mantenimiento y, sobre todo, seguridad.
Y ¿quién paga las BID? Los comerciantes y empresarios. Éstos siguen recibiendo los servicios públicos prestados por los ayuntamientos, pero contratan otros servicios extra que tienen que pagar ellos. Todos los empresarios que estén incluidos en la zona BID deberán pagar, aunque las tasas que hay que abonar se acuerdan anteriormente. Este dinero, además de para limpieza y seguridad también se destina, en algunas ocasiones, a promoción comercial y turística, así como a la celebración de eventos. Más allá de la experiencia novedosa de Canadá, primer lugar donde se creó, el modelo ha recorrido media Europa y se ha instalado ya en países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania y Holanda.

En Canarias también se ha intentado. El secretario general de Federación de Áreas Urbanas (Fauca), Abbas Moujir, explicó que hace años se creo una sociedad mixta (público-privada) con la idea, precisamente, de instaurar un modelo parecido. “La sociedad está”, dijo, “otra cosa es su articulado”. “No creemos que la fórmula ideal sea el cobro de una tasa, porque no tenemos claro que la administración, destine lo recaudado a la zona. Pensamos más en la gestión de párkings privados o de la imagen de la propia zona”. Lo que sí aclaró Moujir es que después de tres años, “un anteproyecto de dos folios no va a solucionar nada y menos con bonificaciones al IBI”. Además, afirmó que el anteproyecto del Gobierno solo habla de comercios, y “creemos que deben entrar ocio y restauración”.