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La batalla de los cielos

   

Según el artículo 33, apartado 13, del Estatuto de Autonomía de Canarias, la comunidad autónoma podrá reclamar la competencia sobre la gestión de los puertos y aeropuertos en el caso de que estos dejen de ser de gestión directa del Estado. Exactamente, dice el artículo: “Cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

A este párrafo se ha agarrado como a un clavo ardiendo el Gobierno de Canarias para comenzar una nueva batalla contra una Administración central con la que parece que se han roto ya todos los puentes y todos los diálogos. De aquel viaje de Paulino Rivero a Madrid para entrevistarse con Mariano Rajoy ya no quedan sino las cenizas de un recuerdo que amarillea en las páginas de los periódicos en las hemerotecas. El deshielo en las relaciones entre Madrid y Canarias no sólo no se produjo, sino que las relaciones parecen haber entrado en una glaciación hasta ahora desconocida.

En el terreno de las prospecciones en busca de petróleo las diferencias son irreconciliables y el diálogo parece imposible. En el nuevo frente de los aeropuertos afrontamos en las Islas otro choque de trenes entre ambas administraciones. El argumento del Gobierno de Canarias es que la entrada de capital privado en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) (del 49% entre accionistas directos y acciones en bolsa) supone desvirtuar el sentido último de la gestión de la empresa pública que se encarga de explotar y gestionar los aeropuertos españoles.

El Ministerio de Fomento se enfrenta a una deuda de la empresa cercana a los 11.000 millones de euros, aunque el pasado año (probablemente pensando en la venta a los inversores privados de un porcentaje de la sociedad) AENA dio algo más de 700 millones de beneficio. Un buen anzuelo para atraer grandes inversores, que tendrán que poner en la empresa pública 2.500 millones para ocupar sillones en el consejo de administración.

La deuda de AENA es debida en gran medida a las monumentales inversiones en la nueva terminal de Barajas, la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, y en El Prat, en Barcelona. Y el Gobierno de Mariano Rajoy quiere que la empresa solucione -y pronto- una situación que incumple las políticas de “sostenibilidad” de la Unión Europea para los sectores públicos. Para el Gobierno de Canarias, los accionistas privados quieren ganar dinero. Como es lógico. Y eso se traduce en que o subirán las tasas aeroportuarias (para recaudar más), o abaratarán los gastos de explotación (para ganar más recaudando lo mismo). Ni ambas cosas son exactas -una subida de tasas no siempre recauda más y abaratar según qué gastos puede causar pérdida de calidad del servicio, de clientes y de recaudación- ni son las únicas alternativas posibles. Pero son preocupantes. Cualquier decisión sobre los aeropuertos canarios podría tener una especial incidencia sobre el turismo, que es la principal actividad económica del Archipiélago.

El Gobierno de Paulino Rivero teme la entrada de grupos empresariales del continente hostiles con Canarias (tal vez algún grupo con intereses en otras zonas turísticas) o sencillamente desinteresados en la estrecha relación entre los aeropuertos y los doce millones de turistas que entran cada año por ellos. Según señaló a DIARIO DE AVISOS una fuente gubernamental de las Islas, lo que se pone en cuestión no es que la gestión pública sea mejor que la privada, o al revés, sino que se enajene la red de aeropuertos canarios de una gestión “con sentido de Estado”.

Las islas no tienen los sistemas de transporte del continente y Canarias no puede ser considerada igual, a efectos aeroportuarios, que el resto del Estado. El argumento no se compadece con la realidad de que a lo largo de los años AENA ha gestionado los aeropuertos canarios dentro de la misma política que aplicaba al resto de infraestructuras en la Península. También es cierto que el Gobierno canario ha solicitado en numerosas ocasiones el traspaso de la gestión de puertos y aeropuertos (que son rentables en Canarias) dentro de su proyecto de aumentar cotas de autogobierno.

Pero la cuestión es: ¿Tiene futuro la línea de enfrentamiento radical con Madrid? A la vista de los resultados obtenidos en otros campos, parece que no. El choque con el Ministerio -y el ministro- de Industria por el petróleo ha terminado en posiciones enfrentadas y sin posibilidad de negociar ningún acercamiento. Con Fomento parece que el debate acabará en los tribunales de justicia, donde Canarias hará valer el Estatuto de Autonomía y reclamará la gestión de los aeropuertos, medida que aprobó esta semana el Parlamento regional y que a nivel político se trasladará en una próxima Comisión Mixta Canarias-Estado, cuya convocatoria ya ha sido solicitada.

Se trata, pues, de un nuevo escenario de conflicto del que viviremos, seguramente, redoblados y duros enfrentamientos. Los puentes se han roto, como decíamos. Y ahora también los aeropuertos. Nadie gana, pierde Canarias.