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El Consistorio paga 384.000 euros a 13 empleados que no trabajan

   
El primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, presidió ayer la reunión de la Comisión de Control. / F. PALLERO

El primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, presidió ayer la reunión de la Comisión de Control. / F. PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Casi 400.000 euros. Ese es el coste que le supone, hasta la fecha, al Ayuntamiento de Santa Cruz las demandas presentadas por 13 trabajadores que en su día trabajaron para empresas adjudicatarias de servicios municipales y que, tras finalizar el contrato, demandaron y ganaron al Consistorio. Así lo informó ayer la concejal de Recursos Humanos, Carmen Delia Alberto, durante la comparecencia en la Comisión de Control pedida por la edil del PP Zaida González.

Según detalló Alberto, 11 de las demandas pertenenecen a los que fueran trabajadores de la empresa Santa Cruz Software, a razón de 1.860 euros al mes. Un trabajador más pertenece al Instituto Municipal de Atención Social -3.381,57 euros mensuales- y la última es la de un representante sindical que trabajó en Desguaces Tenerife y que ha optado por la reincorporación (1.270,80 euros al mes). En todos los casos, estas personas cobran del Ayuntamiento los salarios sin realizar en estos momentos ningún tipo de labor para el Consistorio. La edil de Recursos Humanos detalló que hasta ayer el Ayuntamiento ha desembolsado en salarios de tramitación 182.406 euros mientras que el coste total, sumando las costas judiciales y los recursos, alcanza los 384.747,11 euros.

Zaida González ofreció otras cifras de costes, cerca de un millón de euros según los cálculos de la edil, y exigió que se modificara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que “estas personas que están en casa y cobrando” puedan desempeñar una labor dentro del Consistorio, añadiendo que “todas la sentencias son firmes”. A esto Alberto respondió que modificar la RPT sería cometer una ilegalidad, mientras que en cuanto a las sentencias, en 11 casos se ha pedido un suplicatorio al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

30 inmuebles públicos deben pasar la ITE

Edificios tan significativos para la capital como el propio Palacio Municipal, el templo Masónico, las cerchas del teatro Guimerá o la batería de San Franciscos se encuentran entre la treintena de inmuebles públicos, la mayoría de propiedad municipal, que están obligados a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Así lo comunicó aye el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, en respuesta a una pregunta del PP.

Algunos inmuebles que también deberán pasar por esta inspección, que según confirmó Martín, realizarán técnicos municipales, son tan señeros como el semáforo de Igueste de San Andrés, el Castillo de San Juan, la Casa de la Pólvora o la Casa Siliuto. Martín explicó que en el caso del semáforo de Igueste de San Andrés, propiedad del Ministerio de Defensa se le ha pedido que proceda a clausurar un pozo que se encuentra en su interior y que resulta altamente peligroso.
Martín apuntó que las inspecciones de estos 30 inmuebles deben estar realizadas para finales de agosto y en todos los casos se trata de edificios que fueron construidos en torno a la década de los cincuenta o anteriores, motivo por el que están obligados a pasar la ITE.