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Crispando – Por Francisco Pomares

   

El Ayuntamiento de Arrecife aprobó el sábado pasado en sesión plenaria declarar persona non grata al ministro Soria, por imponer “el negocio del crudo en aguas canarias, en contra de la voluntad popular manifestada en varias acciones públicas de respaldo masivo”. La declaración de non grato a una persona por parte de una institución debería limitarse estrictamente a alguien que ha cometido faltas muy graves contra derechos fundamentales: un xenófobo, un dictador o un asesino con crímenes contra la humanidad en sus espaldas. Declarar no gratos a los adversarios políticos es un sistema bastante peligroso, una vuelta de tuerca en el cainismo suicida que parece haberse instalado también en la política canaria desde hace ya bastantes años. Se puede estar completamente en desacuerdo con la posición de Soria en la cuestión petrolera, pero llevar a las instituciones por el camino del descrédito formal de los oponentes no parece una fórmula muy sensata. Menos aún arrogarse la representación del conjunto de la ciudadanía, sólo porque se tiene la mayoría o se cree tenerla. La democracia no es sólo el gobierno de la mayoría, sino el respeto de las minorías, y es en esa dialéctica en la que se construyen sus mejores valores cívicos, que son la tolerancia y la voluntad de integración. El Consistorio de Arrecife se ha dejado llevar por el creciente nivel de crispación que la polémica en torno a las prospecciones está desatando, pero eso no debería servir de excusa para excluir a los demás del rango de ciudadanos.

Lo que tiene malamente pase como exabrupto social (estoy pensando en las algaradas en Telde) es intolerable cuando se le da marchamo institucional. Arrecife se ha equivocado sumándose con esta declaración -por otro lado perfectamente inútil más allá de lo simbólico- al creciente nivel de crispación que se ha instalado en el debate petrolero, alimentado también por quienes -desde el Gobierno de Canarias- deslegitiman la sentencia del Supremo sobre las prospecciones calificándola de “política”. El presidente del Gobierno de Canarias no puede despachar así la posición del Gobierno canario sobre el fallo del Supremo. Podría considerarlo polémico -de hecho lo es-, podría disentir de él, puede recurrirlo… pero no debería enviar a la ciudadanía el mensaje de que el Supremo cede a la presión política. Dos de los cinco magistrados que votaron el fallo mantuvieron libremente tesis favorables a la del Gobierno de Canarias. ¿A ellos también se les había presionado?