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Dámaso Arteaga: “La recuperación de la gestión del agua a coste cero es una falacia”

   

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Fotos: FRAN PALLERO

Dámaso Arteaga. | F. P.

Dámaso Arteaga. | F. P.

La semana empezó con uno de esos anuncios solemnes que no dejan indiferente a nadie: el Ayuntamiento de Santa Cruz aprueba llevar a cabo la intervención del servicio de gestión del ciclo integral del agua de la capital. Esta decisión fue anunciada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, el primer teniente de alcalde; José Ángel Martín, y el concejal de Obras y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. Sin embargo, el impacto de tal decisión se ha ido diluyendo a fuerza de repetir el Consistorio que lo que quiere es “reconducir los incumplimientos detectados”, un mensaje que Arteaga, amplía, señalando que “lo que vamos buscando es que Sacyr, pero también Emmasa, cumplan con la inversión comprometida en el pliego de condiciones”. Visto así, la idea de recuperar el servicio se aleja y se sustituye por la de la “senda del entendimiento”, la que la propia Emmasa inició este miércoles al anunciar la sustitución de su gerente por otro vinculado a la propia empresa. El concejal de Servicios Públicos confía en que este sea el inicio de la reconducción de la situación.

-La intervención efectiva no se producirá hasta dentro de dos meses y medio y Sacyr ya ha cumplido uno de los puntos de la intervención al sustituir a su gerente. ¿Si sigue cumpliendo, habrá intervención efectiva?
“En principio se va a llevar a cabo la intervención, lo que pasa es que tardaremos un poco en lo que es la tramitación formal. En ese sentido, que la empresa esté dando pasos como la sustitución del gerente es importante, es necesario y positivo. En cualquier caso, el interventor va a tener que incorporarse y determinar aspectos como el plan de inversiones o las subcontrataciones, sobre las que es necesario modificar aspectos de organización interna, para determinar y aclarar su carácter esencial, complementario y accesorio. La diferencia la va a marcar que la empresa colabore o no y parece que hay una nueva senda en la que se denota cierta preocupación en Sacyr por corregir el rumbo”.

-La propuesta de intervención señala que la auditoría no es concluyente en las subcontrataciones y que ha sido Servicios Públicos el que ha determinado su clasificación. ¿Qué criterio se ha seguido?
“El marco contractual es muy estricto y la interpretación que hace el servicio es bastante rigurosa, y en base a ella se han clasificado, pero también se ha hecho esta clasificación siendo conscientes de que hay aspectos que tenemos que resolver”.

-¿Cómo cuáles?
“Pues, por ejemplo, la captación de agua. Esa es una de las subcontrataciones que viene definida por el contrato como principal. Todo el mundo sabe que en Santa Cruz la única captación de agua que se puede catalogar como tal es la desalada, el resto se tiene que contratar fuera. Entonces, entendemos que hay margen como para autorizar subcontrataciones a la empresa porque si llevamos este aspecto a sus últimas consecuencias, no podríamos comprar el agua a terceros. Otros conceptos como la emisión de los recibos o el cobro, son aspectos de gestión que también pueden ser objeto de una clarificación y reconducirlos. El informe del servicio es bastante estricto en ese sentido, pero no cabe duda de que tenemos un trabajo que hacer para ordenar y clarificar ese catálogo de subcontrataciones”.

-Todo el mundo ha estado muy pendiente del resultado de la auditoría pero al final la propuesta de intervención procede del servicio que usted dirige. ¿Cuánto tiempo se llevaba preparando este informe?
“El informe evidencia que llevamos más de seis meses trabajando con esto. Desde el momento que se le puso la sanción a Emmasa se le ha venido requiriendo determinada información para ir complementando el expediente, de forma que cuando llegó la auditoría fue el momento ideal para completar el trabajo que se venía haciendo desde el servicio, dado que ponía en evidencia algunos aspectos. Pero la auditoría no nos ha arrojado incumplimiento flagrantes por parte de la empresa que puedan ser motivo para resolver o imponer una sanción mayor. Es mas, el jefe de servicio hace un análisis en el que renuncia o descarta una nueva sanción porque entiende que la intervención que hay que realizar es esta y no otra y lo hace por aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad principalmente”.

-Pero la propuesta es clara, con lo detectado se podría resolver el contrato o secuestrar la empresa. ¿Por qué este tipo de intervención?
“El informe señala que no es necesaria una nueva sanción y, aún dejando abierta la revocación, entiende que la figura mas razonable a aplicar en esta circunstancia es una intervención, en la que se designa un interventor con una finalidad que es reconducir aquello que hemos detectado que se desvía del marco contractual. Ese es el planteamiento. Cualquier otra alternativa más fuerte ha de venir sustentada por jurisprudencia y por sentencias en otros parámetros y que se dará cuando la empresa no colabore”.

-La figura del secuestro también permite reconducir, con la diferencia de que se sustituye a la dirección de la empresa…
“El secuestro es una figura que también analiza el informe y es cierto que te permite intervenir la empresa por un periodo máximo de dos años y si lo haces cesas a los órganos directivos, tanto al consejo de administración como al junta general y a la gerencia y tampoco implica necesariamente recuperar el servicio para lo público. Pero, en todo caso, es una medida que tiene que estar motivada y fundamentada, tiene que existir riesgo para la prestación del servicio público y eso hay que acreditarlo muy bien. Ante los que critican que teníamos que haber hecho algo mayor desconocen que la fundamentación jurídica tiene que ser bastante más importante así que, con los hechos que se han dado, la medida tomada es lo más proporcional”.

El objetivo es que se invierta; hay 3 millones sin ejecutar en grandes reparaciones”, afirma Arteaga. | F. P.

El objetivo es que se invierta; hay 3 millones sin ejecutar en grandes reparaciones”, afirma Arteaga. | F. P.

-¿El interventor tendrá potestad absoluta o decidirá conjuntamente con la dirección de Emmasa el tipo de medidas a aplicar?
“No se interviene Emmasa, que tiene su gerente, su consejo de administración y toma sus decisiones en el marco del consejo y de la junta general. No hay cambio de poderes. Lo que se hace es designar una persona para dar una serie de instrucciones a la empresa y tiene unos objetivos y planteamientos claros. No puede dar cualquier tipo de instrucción. El interventor debe interpretar los objetivos y dar las instrucciones necesarias como por ejemplo la modificación de los estatutos. Esta es una medida que se prevé con carácter inmediato y tendrá que verse el alcance de esa decisión. Aquí no se trata de que el interventor tenga una labor de sanción sino de control y de reconducir la gestión a parámetros en los que Ayuntamiento y empresa continúen una relación en el futuro, con la situación perfectamente clara, el objetivo es clarificar la relación y marcar un camino por el que no se debe desviar la empresa”.

-El interventor también tendrá que analizar la descapitalización de la empresa…
“Hemos hecho una consulta al auditor en este sentido porque, independientemente de que haya un volumen importante de subcontrataciones con el grupo, también ha habido un ahorro de costes de personal muy importante para la empresa. Lo que nos ha dicho el auditor es que no parece que exista una descapitalización de la empresa pero para estar seguro hemos hecho la consulta por escrito aportando la documentación que nos ha dado”.

-Entonces, ¿hay o no descapitalización?
“En principio, no parece que haya descapitalización sino que Emmasa ha utilizado a las empresas del grupo, como por ejemplo Santacrucera de Aguas, como una sociedad puente, son empresas herramienta, que tienen costes de mantenimiento mucho más económicos que la empresa principal. Entonces, el ahorro de personal que ha tenido a lo largo de estos años Emmasa pues se ha pasado a la gestión de servicios con lo cual no ha habido un incremento del coste para la empresa sino una ahorro. Entendemos, por tanto, que es una empresa herramienta en un momento coyuntural en el que los costes de personal son importantes. Pero insisto, para quedarnos mas tranquilos, le hemos hecho esa consulta al auditor”.

-XTF y Sí se puede han acudido a la fiscalía por la gestión de Emmasa. ¿Se plantea el Ayuntamiento esta medida en algún momento?
“En relación con este camino lo que más queremos es tener información, nada mas. Entendemos que no existen indicios de conductas penales ya que, de todos los expedientes que han pasado por los servicios municipales, en ninguno se ha detectado irregularidades de tipo penal, con lo cual respetamos el camino seguido por otros grupos y colaboremos con la justicia como no puede ser de otra manera, pero entendemos que no hay indicios de delito del resultado de la auditoría ni tampoco del expediente que ha gestionado la jefatura del servicio”.

-¿Trabaja Servicios Públicos en la posibilidad de que finalmente se tenga que recuperar el servicio?
“Esto es como el fútbol, hay que ir partido a partido y no puedes decir que vas a ganar la liga o perderla a principio de temporada. Tenemos que a ir paso a paso. Hemos detectado una serie de irregularidades y estamos dando la oportunidad a la empresa de que las corrija. Vamos buscando recuperar el nivel de inversión que necesita la ciudad, que impulse ese nivel de inversión y que Sacyr cumpla los compromisos que tiene que con Santa Cruz y no sólo las grandes inversiones sino también las relacionadas con la reposición o las grandes reparaciones. Por ejemplo, con respecto a estas últimas, la auditoría detecta que de los nueve millones comprometidos, entiende el auditor que hay tres millones y medio sin ejecutar”.

-Más allá de los titulares, la sensación es que esta medida es más un toque de atención que una amenaza real de rescindir el contrato…
“Mi objetivo es reconducir la situación. Efectivamente es un gran titular porque una intervención no es agradable en ninguna de sus fórmulas para las empresas. El Ayuntamiento tiene que fundamentar cualquier tipo de intervención en un servicio público de estas características. Esto no es una decisión que se pueda tomar alegremente, en caliente, con el corazón o porque a mi me guste más que el servicio sea público o privado; eso no está en cuestión. Aquí las decisiones se toman con el rigor de la documentación administrativa y técnica y en base a parámetros complejos, en función del ámbito contractual que existe”.

-¿Es posible recuperar el servicio algún día?
“La recuperación del servicio a coste cero es una falacia, creemos que no existe, por mucho incumplimiento de la empresa que haya. Cualquier cosa se devuelve en el ámbito civil y hay que devolver el canon dejado de amortizar y estamos hablando de 60 millones de euros, de los que hay que devolver como poco 45 si queremos resolver el contrato unilateralmente. Y eso lo perdería, tarde o temprano la ciudad, no Dámaso Arteaga, entonces hay que dar los pasos con prudencia y rigor”.