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Déficit fiscal, no; financiación autonómica, sí – Por Víctor Tomás Chinea Mendoza

   

Hace unos días, el Ministerio de Hacienda nos sorprendía con la presentación de su informe sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. En este informe, Canarias figuraba como una de las comunidades que menos aporta en relación con lo que recibe, una cantidad cifrada en 4.054 millones de euros. Sin embargo, la publicación de estas cuentas no puede llevarnos a equívoco. Las balanzas fiscales pueden calcularse de muchas maneras y el saldo negativo que tiene este Archipiélago es el resultado de no haber contemplado en el cálculo los costes de la ultraperificidad analizados y publicados hace unos años en un informe de la Unión Europea sobre las RUP. Es la ultraperificidad, unida a un sistema económico y fiscal diferenciado, la que hace que las balanzas fiscales, para nosotros, no sean indicador de nada y no nos quiten, a los canarios y las canarias el legítimo derecho a tener un sistema de financiación justo, un sistema por el que aún estamos esperando. El Gobierno de España, presidido por el señor Rajoy, se comprometió a negociar un nuevo sistema de financiación en el presente año para que su entrada en vigor fuera el 1 de enero de 2015. Sin embargo, hace más de un mes se ha desdicho y paralizado la revisión de un sistema injusto solo por cuestiones electoralistas. Si tenemos en cuenta las cuentas territorializadas que ha publicado el Gobierno de España, Canarias es la comunidad más perjudicada por el actual régimen común de financiación. La obligación del Gobierno del señor Rajoy no puede ser otra que nivelar los recursos que reciben los ciudadanos que viven en los distintos territorios, y cumplir con el principio de solidaridad y cohesión territorial contemplado en la Constitución.

De no ser así, qué sentido tendría la existencia del Estado. El mantenimiento de los servicios públicos esenciales no puede depender de que la comunidad en que se viva sea rica o pobre, pues eso impide a los canarios estar en igualdad de condiciones. La actual financiación nos resta unos 800 millones de euros anuales para educación, sanidad y políticas sociales. El sesgo en el cálculo de las balanzas fiscales es claro. Los criterios empleados, además de ignorar la ultraperificidad, son discutibles en algunas variables. Por ejemplo, se ha computado a Canarias el gasto estatal de infraestructuras ferroviarias, los aeropuertos peninsulares y de la política exterior, entre otros. Además, y lo que es peor, sirven de base para todos aquellos que cuestionan nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), un acuerdo establecido desde la Corona de Castilla y que tiene como principal objetivo que los canarios y las canarias tengan las mismas oportunidades que quienes viven en el territorio peninsular. Es difícil comprender que el PP en Canarias califique de privilegio la situación en la que queda las Islas, aún cuando numerosos estudios, entre ellos algunos encargados por los barones del PP o el propio Montoro, reconocen el déficit de financiación que tienen las islas al tiempo que no se cumple con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). También recogen el esfuerzo fiscal que soportamos y que es superior en relación a la renta disponible. Canarias está mal financiada más allá de lo que digan las balanzas fiscales, que lo que dejan claro es que las comunidades ricas aportan más que las pobres al sistema común, lo cual es lógico en el actual sistema. Por eso, es incomprensible y, a la vez sorprende, que el PP pueda aplaudir un estudio que pone en cuestión nuestro Régimen Económico y Fiscal, y olvida que los recursos transferidos a Canarias en virtud de este régimen no cubren la totalidad de los sobrecostes que soportamos los canarios. La propia Ley del REF establece que la presión fiscal se mantendrá más baja para compensar los mismos. El PP de Canarias en vez de justificar de forma torticera que los canarios y las canarias reciban menos financiación, debería utilizar esas energías en luchar por que el Gobierno de España cumpla con su obligación constitucional de redistribuir los recursos con los impuestos que recibe y reformar el sistema de financiación autonómica que en estos momentos sitúa a los canarios en desigualdad. Por ello, es fundamental, necesario y de justicia un nuevo sistema, y el cumplimento de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias con el fin de dar solución a los problemas que tenemos en el Archipiélago y en cada una de las Islas.

* DIPUTADO REGIONAL Y SECRETARIO GENERAL
DE COALICION CANARIA EN LA GOMERA