La educación afectivo sexual en la Ley Canaria de Educación: una asignatura pendiente – Por Mary C. Bolaños Espinosa

Hubo una vez un tiempo en que en Canarias existía un Programa Institucional de Educación Afectivo Sexual (1986-2003) y un Plan Institucional de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil (1997-2003), que pusieron en marcha importantes acciones vinculadas a la educación y a la atención a la sexualidad y a la afectividad.

Hubo una vez un tiempo en que estas experiencias se conformaron en modelos para otras muchas iniciativas, con gran reconocimiento estatal e internacional.

Fue precisamente en ese tiempo, en el que se redujo la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años en Canarias. Este indicador bajó, en el periodo 2000-2004, de un 8,04 a un 6,23, mientras en el Estado español subía de un 7,14 a un 8,94.

Pero pasó el tiempo, y en el año 2003 la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tomó la irresponsable decisión de suprimir el Programa Institucional de EAS Harimaguada. Así mismo, el resto de recursos y servicios puestos en marcha por el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil se han ido desmantelando en la última década (consultas jóvenes, teléfono de información sexual, planes municipales, formación, campañas de sensibilización, etc.).

A partir de ahí, el modelo biográfico e integral de la EAS, como tarea conjunta, basado en un concepto positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos afectivos, que busca que las personas se formen para vivir satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, así como que sepan resolver sus necesidades afectivas, relacionales y de vinculación, en el marco de una ética relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad, se ha visto desplazado.

A partir de ahí, lógicamente, la realidad ha cambiado. Como ejemplo, no hay más que revisar como la tasa de abortos por mil mujeres entre 15 y 44 años pasó, en Canarias, de 6´23 en el año 2004 a 12´79 en el 2012, siendo especialmente preocupante el caso de las menores.

Ni siquiera la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la I. V. E., que concretaba las responsabilidades de los poderes públicos a la hora de garantizar la educación y atención sexual y reproductiva, trajo cambios a esta dura realidad. Después de sus cuatro años de vigencia, las Administraciones no han desarrollado sus medidas preventivas.

A nivel estatal, la llegada del Partido Popular al poder, trajo consigo un claro retroceso. La modificación que el gobierno del PP pretende realizar a la citada Ley Orgánica 2/2010 atenta contra los derechos humanos, va paralela a la aplicación de la LOMCE, en la que se promueve un modelo de educación sexista, clasista y segregador, y a la desaparición de los escasos recursos de atención a la salud sexual y reproductiva con los que contábamos.

En Canarias, mientras tanto, la Administración canaria no ha querido hacerse eco de la vigencia de la ley de salud sexual y reproductiva, sino para decir que están en contra de que se suprima. No han hecho nada en relación a las medidas educativas y preventivas que, según esta Ley, han de desarrollarse.

Sencillamente, no se están dando, a nuestras niñas, niños y jóvenes, las herramientas necesarias para que puedan decidir sobre sus sexualidades, sobre sus cuerpos, sobre sus maternidades/paternidades, sobre sus vidas.

En febrero de 2014, el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley, a propuesta del Colectivo Harimaguada y apoyada por la Plataforma Aborto libre, legal, seguro y gratuito, en la que se Insta al Gobierno canario a que asegure la puesta en marcha de un conjunto de medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva con perspectiva de género y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados.

Por ello, llama poderosamente la atención que el pasado 8 de julio, los mismos grupos políticos que aprobaron dicha PNL, hayan dado el visto bueno a una Ley Canaria de Educación que no contempla la Educación Afectivo Sexual en su articulado.

Y es que para priorizar las necesidades humanas en las políticas puestas en marcha, hay que ir más allá de las declaraciones, los gestos simbólicos y las fotos, hay que tener la voluntad y el compromiso necesario para dedicar muchos más recursos a los servicios públicos, y en concreto, a la información, formación y atención afectiva y sexual, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y, una vez más, no ha sido así.

*MIEMBRO DEL COLECTIVO HARIMAGUADA Y DE IDEPC. INICIATIVA EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PUBLICA CANARIA