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Los fiscales alertan de elementos “perturbadores” en la ley del menor

   
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. / EP

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. / EP

EUROPA PRESS | Madrid

El Consejo Fiscal encuentra elementos “perturbadores”, “oscuros”, “indeterminados” e “innecesarios” en varios apartados del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia, y pide al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que recupere algunos de los artículos que redactó sobre este asunto el último Gobierno del PSOE para mejorar la iniciativa.

Aunque en términos generales, el Ministerio Fiscal aplaude el anteproyecto y reconoce que supone un avance en muchos ámbitos frente a la legislación actual, en otros encuentra aspectos que no debieran haberse introducido o que tendrían que haberse recogido tal y como la última ministra de Sanidad, Leyre Pajín, los dejó redactados en un anteproyecto de Protección de la Infancia que no llegó a tramitarse.

Es el caso de las medidas propuestas para regular el derecho del menor a ser oído, que para los fiscales “no sólo no suponen ningún avance” respecto de las leyes hoy en vigor sino “que antes al contrario, introducen aspectos oscuros cuando no directamente perturbadores”, frente a las que “parece más adecuada la redacción de 2011”.
Entre estas medidas, está la previsión de que “necesariamente sea escuchado” el niño, lo que “puede llevar a la citación automática del menor para darle audiencia directa en todos los procesos matrimoniales”, algo que, conforme indica el Consejo Fiscal, “es absolutamente desaconsejable”, pues en muchos supuestos hay acuerdo entre las partes y “es preferible mantener a los menores al margen del proceso”.
También remite a la redacción del PSOE en lo tocante al personal que puede aplicar medidas de contención sobre niños en los centros de menores con trastornos de conducta, ya que considera que aquel anteproyecto era “más racional, coherente e inteligible” en este punto. “Parece que se ha asumido pero de forma defectuosa”, dice el informe del Consejo Fiscal.

En la misma línea, dice que la redacción sobre el régimen disciplinario en estos centros “es manifiestamente incorrecta” y “era más precisa y clarificadora” la de 2011, en la que se especificaba que en ningún caso podría privarse por un castigo a los menores de “sus derechos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas”. La actual no lo precisa.

Por otra parte, el informe explica que la disposición adicional única del anteproyecto se refiere a “los centros privados para menores con medidas de contención y restricción que no estén bajo una medida de protección de la Entidad Pública” a fin de garantizar que en ellos se apliquen todas las condiciones que prevé la normativa, algo que no figuraba en la norma que propuso el PSOE.

“Entendemos que es preferible no abordar esta cuestión que abordarla de forma manifiestamente insuficiente, como se hace en la Disposición adicional única del anteproyecto (…) Se plantean cuestiones que quedan silenciadas. ¿Cuáles son esos centros? ¿Quién tiene competencia para calificar al centro privado para menores como centro ‘con medidas de contención y restricción de libertad’?, expone el informe.

Tampoco estaba en la iniciativa socialista el procedimiento para decretar el internamiento de un menor en uno de estos centros que ahora propone el departamento de Ana Mato mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.