El Gobierno canario ve “ilegal” el permiso definitivo de los sondeos

Imagen de archivo de una plataforma petrolífera. | EP

Barco plataforma del tipo que utilizará Repsol para los sondeos. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias presentará en los próximos días su alegación a la propuesta de resolución por las que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo autorizará de forma definitiva a Repsol realizar dos sondeos, con un tercero opcional, a entre 50 y 55 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
En estas alegaciones, el Ejecutivo regional solicitará por enésima mes que se dé marcha atrás al expediente para que se someta a exposición pública de nuevo, ya que no pasaron esta fase documentos aportados por Repsol durante el trámite de declaración de impacto ambiental, algunos incluso después de dictarse esta, como el estudio sobre los posibles efectos de movimientos sísmicos en los sondeos.

Así lo ha explicado a este diario el alto cargo del Gobierno canario que coordina las acciones jurídicas contra las prospecciones, Fernando Ríos, quien además tacha de “ilegalidad y falta de respeto” que el borrador de permisos definitivos “no dedique ni una sola línea a los aspectos que las instituciones públicas canarias han alegado, advirtiendo tanto sobre defectos de forma como de fondo”.

El Ejecutivo regional fue notificado el 16 de julio pasado de esta propuesta de resolución, que firma el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, fechada dos días antes, y que concede a las partes diez días hábiles para alegar y presentar los documentos y justificaciones que consideren pertinentes. Ríos, comisionado para el Autogobierno y las Reformas Institucionales, anuncia que el Gobierno agotará está vía de la alegación y un último cartucho en vía administrativa, que será el recurso de alzada ante el subsecretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que se publique la autorización en el Boletín Oficial del Estado. Después vendrá la vía judicial, mediante recursos contencioso administrativos ante la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo autonómico tiene ahora las esperanzas puestas en hacer valer el argumento de que debe consultarse al Tribunal Europeo de Justicia si el procedimiento de evaluación ambiental aplicado a esta serie de prospecciones se ajusta a los criterios de la legislación de la Unión Europea, tal como plantearon en su voto particular dos de los cinco magistrados del Tribunal Supremo que discreparon de la sentencia que avala la legalidad del decreto de 2012 por el que se autoriza esta búsqueda de hidrocarburos en Canarias. “La duda ya está sembrada, y por nada menos que dos de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que consideraron que antes de dictar sentencia se necesitaba plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo”, recuerda Ríos.
El comisionado se lamenta además de que este expediente administrativo en el Ministerio de Industria y Energía no esté foliado ni tenga índice general, por lo que se pueden extraer e introducir documentos de forma discrecional. También critica que no haya habido respuesta motivada a las alegaciones presentadas, motivo suficiente, sostiene, “para anular el expediente”.
En la propuesta de resolución se exige a Repsol que garantice poder cubrir hasta 60 millones de euros en daños, 40 de los cuales mediante un seguro y otros 20 con el depósito de una garantía. Se autorizan dos sondeos , y, en su caso un tercero. La profundidad del mar oscila entre 870 y 1.109 metros, y se perforará bajo el lecho oceánico hasta 3.170 y 3.000 metros, y, caso de un tercer intento, hasta 6.900 metros.
La multinacional petrolera calcula que comenzará los trabajos entre finales de octubre y principios de noviembre próximos.