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Insultos e indultos – Por Claudio Andrada Félix

   

Si hay algo que caracteriza al bipartidismo en decadencia en España (PP-PSOE) de manera común, es la clara tendencia de ambos a conceder indultos desoyendo las sentencias de los jueces. Pero no se crean que de los más de 10.000 otorgados desde 1993 la mayoría se ha facilitado a personas condenadas por delitos menores. No. Bajo una tímida publicación en el BOE se esconden dádivas a empresarios y políticos corruptos, banqueros, traficantes de droga, estafadores con más de cuatro delitos, y un largo etcétera que dejaría a uno pasmado si no conociera ya cómo se fraguan estos “regalos” para unos y la firmeza en las condenas para otros.

Llama poderosamente la atención que precisamente el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, uno de los que están incluidos entre estos agraciados, haya conseguido que le renovaran el contrato de vigilancia de los ministerios de Fomento; Empleo y Seguridad Social, y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Eso sí, en enero y para ir haciendo boca le concedieron también la vigilancia por tres meses de unas instalaciones del ministerio de Defensa, por unos 700.000 euros. Ahora el contrato, por un año, es de 2,8 millones. Claro que en esto todos somos iguales ante la ley. Aunque hay que reconocer que hay algunos que son “más iguales” que otros y que la cosa le puede resultar muy rentable. En definitiva, un indultado que sale muy favorecido después de haber sido condenado a 3 años y medio de prisión por construir en zona protegida, precisamente cuando le otorgaban la vigilancia de una parte del Metro de Madrid. En octubre del pasado año la pena se quedó en dos años, con lo que evita entrar en la cárcel.

Pero hay otras situaciones y personas cuyos indultos brillan por su ausencia, e incluso en los que la Fiscalía, esa misma que se ha erigido en la mejor defensa letrada de la Infanta, se muestra implacable y solicita a los jueces penas ejemplares. En un año, la Fiscalía ha propuesto más de 120 años de prisión en total para personas cuyo único delito es protestar por la situación de deterioro económico, social o laboral. Este es el caso de dos mujeres pontevedresas a las que han condenado a 3 años de prisión por participar en una concentración en la defensa de su convenio colectivo y, al parecer, acusadas de echar un bote de pintura en una de las piscinas del complejo donde trabajaban. Claro que bajo la óptica interesada del ministro Ruiz-Gallardón, como para cualquier otro pepero de postín, se trata claramente de dos peligrosas terroristas, y, además, profesoras de natación (una de ellas embarazada). ¡Qué peligro! A ellas no les llega el indulto solicitado y sólo le han retrasado dos meses su entrada en prisión. Y que se conformen, no sea que las acusen de enseñar a nadar a los inmigrantes subsaharianos que se echan al agua para dejar atrás, vía marítima, el hambre que asola a sus países de origen. Para llorar.