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Iris Gómez: “Las obligaciones públicas no se pueden descargar en las ONG’s”

   
Iris Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social  de santa cruz  de tenerife/ CEDIDA

Iris Gómez,
presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social
de santa cruz
de tenerife/ CEDIDA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Iris Gómez asumió el 10 de junio la presidencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. La nueva junta directiva está constituida en su totalidad por mujeres que decidieron dar el paso de trabajar desde el Colegio profesional en unos momentos en los que son los trabajadores sociales los que más de cerca viven la situación límite en que sobreviven las familias como consecuencia de la grave crisis económica.

-¿Por qué decide asumir ahora la presidencia del Colegio profesional?

“Somos un grupo de profesionales con mucha ilusión, con un sentido claro de la vocación por nuestra profesión que creímos que era el momento de aportar nuestro granito de arena para contribuir desde el Colegio a mejorar las condiciones de la sociedad y acercarnos un poco más a la justicia social”.

-Describa la situación laboral de los profesionales del Trabajo Social…

“Nuestra situación es un reflejo de la que se da actualmente en todo el Estado para los diferentes colectivos. Los múltiples recortes en servicios sociales nos han llevado a que muchas compañeras se hayan visto en el desempleo, y que las que han seguido trabajando tengan que asumir una sobrecarga de trabajo importante. A esto se le suma una precariedad en los contratos, siendo cada vez más difícil conseguir una estabilidad laboral y además de que también hemos sufrido un recorte de los ingresos”.

-¿Ha variado en los últimos años la labor que ejercen?

“A grandes rasgos nuestra labor sigue siendo la misma, aunque con dos hándicaps importantes; por un lado, un aumento sustancial de la demanda y por tanto del número de personas que atendemos; por otro lado, un incremento de los procesos burocráticos, que en muchos sectores nos aleja en parte del trabajo de calle y preventivo que es nuestra labor principal, y de la que generalmente disfrutamos más porque nos permite influir más directamente en el cambio de vida de las personas”.

-No cabe duda de que la crisis está pasando factura al sistema público de servicios sociales, pero ¿qué respuestas encuentran ustedes desde las distintas administraciones?

“La crisis y las medidas que se está tomando a nivel estatal con los recortes están suponiendo un claro desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Las administraciones siguen este proceso general y se ven desbordadas por el aumento de la demanda, por lo que las respuestas no están siendo acordes con las situaciones que a nivel social se plantean”.

-Supongo que en los ayuntamientos, el primer escalón de la administración al que recurren los ciudadanos, estarán saturados…

“Teniendo en cuenta estos recortes que hemos mencionado, la inestabilidad laboral de los trabajadores y el menor número de profesionales contratados la saturación es evidente, mucho más aún si tenemos en cuenta que la demanda ha ido aumentando progresivamente en los últimos años tras el inicio de la crisis, pero que este último año es mucho mayor dado que al desempleo de tantas personas debemos aunar la pérdida de prestaciones o subsidios por desempleo que han llevado a muchas familias a necesitar de los servicios sociales municipales con mucha más asiduidad y urgencia”.

-¿Cómo se siente un trabajador social cuando por falta de recursos tiene que decir que no a alguien que lo necesita?

“Para una trabajadora social decir que no se tiene derecho a una prestación, bien sea porque no cumple con los requisitos establecidos en las bases que los regulan o porque no existen recursos adecuados para hacer frente a su necesidad, es lo más difícil del día a día. No sólo se siente frustración y angustia, sino impotencia, ya que nosotras sabemos de primera mano que lo que demandan las personas es una necesidad real, que necesita ser atendida lo más rápidamente posible”.

-Hasta ahora, muchos hemos creído que la exclusión social era una cuestión de una minoría, pero los datos del desempleo de larga duración, el 46% de la población canaria, hacen pensar que nos puede tocar a todos. ¿Cuánto ha cambiado el perfil de los demandantes de ayuda?

“El perfil de las personas que se acercan a los servicios sociales ha cambiado radicalmente desde el inicio de la crisis, tanto que en estos momentos podríamos decir que tiene un carácter mucho más difuso que el de hace años. Si bien son las mujeres las que más se acercan a demandar ayuda, por motivos culturales en la distribución de las actividades de la vida diaria de la familia, tenemos que éstas son el reflejo de familias que ahora conviven en el domicilio con diferentes núcleos familiares dependientes de ingresos muy pequeños, personas que están trabajando pero sus ingresos no permiten unas condiciones de vida digna, y familias que antes tenían una vida medianamente acomodada pero que han perdido sus empleos y se ven con imposibilidad de volver al mercado laboral”.

-Las ONGs están tomando la iniciativa para atender a la población en cuestiones básicas como la alimentación, pero ¿es suficiente?

“Es importante destacar su trabajo, voluntario y con un alto nivel de predisposición para ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchas familias, pero la situación se ha desbordado tanto que es imposible que puedan cubrir las necesidades que se plantean. Nos gustaría destacar y alabar su trabajo, pero a la vez recordar que los servicios sociales deben ser públicos y de calidad y que no se debe descargar en las ONG’s las obligaciones que por ley y sentido común deben ser respondidas por las diferentes Administraciones Públicas”.

-¿Qué opina de los comedores escolares? ¿Son un parche o una solución?

“Son un parche, pero que actualmente son muy necesarios porque dan respuesta a muchos menores que de otra manera se quedarían sin una comida equilibrada al día. Pero evidentemente no es la solución al problema real que es la necesidad de la población de tener una vida digna y de tener el acceso garantizado a unos ingresos mínimos que le permitan la subsistencia de toda la familia”.

-¿Qué está pasando con la PCI que siempre se agota a medio año?

“Es un problema que se ha venido dando año tras año, y a la que creemos no se ha dado una solución definitiva, adecuada y eficaz. Esa solución tiene que venir de la mano de una evaluación de la situación, de un diagnóstico real y exhaustivo de la situación social de Canarias y de una previsión que tenga en cuenta diferentes aspectos. Está claro que la situación cada año ha empeorado y desborda las previsiones pero analizando la situación creemos que se podría prever con más exactitud, aunque consideramos que es necesario un cambio y análisis profundo del sistema para poder determinar con más precisión que aspectos hay que atender con más prioridad”.

-Canarias siempre sale en el farolillo rojo de la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Ha faltado voluntad política para aplicarla o es solo una cuestión de presupuesto?

“Para abordar las situaciones de dependencia no es sólo necesario una planificación adecuada del presupuesto, es necesario que se estructure todo el proceso de otra manera, que no haya un procedimiento tan largo y duro para las familias, que exista una red apropiada de centros y recursos para que aquello que se estime necesario para cubrir las necesidades de una familia esté al alcance de éstas en tiempo y forma”.

-¿Es partidaria de que se cree una renta básica?

“Desde los colegios profesionales de Trabajo Social de las dos provincias está estudiando este tema y lo vemos como una posibilidad factible para garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una vida digna”.