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IU dice que el juicio del caso García Cabrera confirma que hubo irregularidades

   
El coordinador de IUC en Tenerife, José Pérez Ventura. / J. G.

El coordinador de IUC en Tenerife, José Pérez Ventura. / J. G.

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

Izquierda Unida Canaria (IUC) hizo ayer una valoración “bastante positiva” del transcurso del juicio del caso García Cabrera, la semana pasada en el Tribunal Supremo, en el que la Fiscalía acusa al senador y exalcalde de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, junto al exconcejal Guillermo Núñez y el exdirector general Joaquin Castro, de presunto delito de prevaricación continuada. José Pérez Ventura, abogado y coordinador de IUC en Tenerife, que ejerció la acusación popular y denunciante del caso, afirmó que en el juicio “ha quedado acreditada la gravedad de las irregularidades en todo el proceso de contratación” de la rehabilitación del antiguo instituto Hermanos García Cabrera para su habilitación como oficinas municipales, que superó los 7 millones de euros.

Pérez Ventura indicó que en el juicio también se pusieron de manifiesto “algunas irregularidades mayores que eran desconocidas para nosotros”. En este sentido, destacó que el representante de la empresa que ejecutó las obras, IMES SA, “declaró que dejaron el edificio del instituto literalmente en el esqueleto y que en ese momento todavía no existía proyecto de obra, cuando la ley de contratos de la administración pública obliga a que primero se haga el proyecto”.

Explicó que, además, se presentó un dictamen pericial elaborado por un técnico de la Audiencia de Cuentas que “pone en evidencia toda la irregularidad e ilegalidad en el proceso de contratación”. También se presentó otro dictamen pericial, elaborado por una arquitecta, donde se contrastó el proyecto con las facturas finales y en el que “aprecia irregularidades graves e indicios de doble facturación”. “Pedimos que el Tribunal Supremo -añadió- deduzca testimonio porque esto podría ser una estafa ya que están presentando facturas que no corresponden con la realidad y por un importe superior”.

Recordó, asimismo, que los interventores repararon hasta en cinco ocasiones las facturas y el expediente de contratación. “Sistemáticamente se los saltaron, Zerolo dictó un decreto levantando esos reparos y ordenando que continuara el procedimiento y que se hicieran los pagos”, añadió.

Pérez Ventura espera que con todas las pruebas “el Tribunal Supremo actúe con independencia y parcialidad y que dicte una sentencia condenatoria que debería ser ejemplar”.

Sin prisión

El coordinador de IUC prevé que el Tribunal Supremo dicte sentencia antes del próximo mes de agosto. Recordó que la pena que pidió el Fiscal, y a la que se adhirió IUC, pide nueve años de inhabilitación especial para los tres, ya que este delito no está castigado con pena de prisión. Sin embargo, si Zerolo es condenado “tendría que dimitir como senador”, en base a la última reforma de la ley electoral.