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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz acuerda intervenir los servicios de Emmasa

   
Durante la rueda de prensa en la que se anunció la intervención de Emmasa.

Durante la rueda de prensa en la que se anunció la intervención de Emmasa. / VÍA TWITTER @JOSEAMARTINSC

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El suministro de agua no se va a ver alterado ni restringido en ningún caso. Este hecho es, quizá, en lo único que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Empresa Mixta de Aguas de la capital (Emmasa), y por tanto su principal accionista, Sacyr Vallehermoso, van a estar de acuerdo tras la decisión adoptada ayer por la Junta de Gobierno de la ciudad, por la que se inicia la intervención del servicio del ciclo integral del agua en la capital. Proceso que se inicia ante los “incumplimientos” de Emmasa del pliego de condiciones, principalmente en lo relacionado con las subcontrataciones y la falta de inversión. El alcalde, José Manuel Bermúdez, compareció ayer en rueda de prensa para aclarar que “lo que se ha acordado es iniciar el proceso para la intervención del servicio de aguas, no de Emmasa, que sigue siendo una empresa de capital privado”. Esto, en la práctica, resumía Bermúdez, es que el Ayuntamiento destinará a uno o más funcionarios municipales a ejercer las labores de gestión de Emmasa, dejando en sus manos las acciones a desarrollar por la empresa durante seis meses, que son prorrogables.

El alcalde explicó que esta decisión se toma en base al resultado de la auditoría de gestión y de los informes de los servicios jurídicos, que avalaron el inicio de un procedimiento cuya culminación puede alargarse dos meses y medio: “Una vez que se comunique oficialmente esta decisión a la empresa, esta tiene cinco días para responder por escrito y el Ayuntamiento otros cinco para responder a su vez”. Cuando esto suceda, el siguiente paso será acudir al Consejo Consultivo que será el ente que, en última instancia avale o no la intervención del servicio.

Ante la posibilidad de que Sacyr decida recurrir al juzgado, aseguró Bermúdez que, “el proceso ni se paraliza ni se interrumpe”, aunque, añadió que espera “la colaboración de la empresa para reconducir la situación hacia la legalidad”. Porque esto último es lo que, según el alcalde se pretende, que se hagan las cosas ajustadas a derecho. Sin embargo, la posibilidad de que no encuentre la colaboración de la empresa es alta. Ante esta hipótesis, Bermúdez entiende que si Emmasa no colabora, “entonces estaríamos en otro escenario, el del secuestro de la empresa, que es así como se denomina el proceso administrativo, y que nos llevaría al control de la empresa”. Preguntado por qué no se realiza la recuperación directamente, el regidor municipal señaló que se debe a que, “recuperar ahora nos obliga, entre otras cosas, a devolver un canon de 45 millones de euros a Sacyr y ese dinero no lo tenemos ahora”.

Recuperación del servicio
Mientras Bermúdez insistía en que lo que se pretende es revertir la situación a la legalidad, el PSOE de Santa Cruz, socio de gobierno de CC en el Ayuntamiento, se desmarcaba con un comunicado en el que asegura que, “cuando el PSOE entró a formar parte del grupo de gobierno, hubo varias cosas que nos propusimos para cambiar la ciudad, entre ellas recuperar la gestión pública del agua”. “Eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con una serie de hitos que finalizarán en la recuperación total de la gestión”, según palabras de Patricia Hernández.


Fundamentos de la propuesta
Subcontraciones. Emmasa ha seguido haciendo subcontrataciones sin autorización municipal a pesar de haber sido sancionada por ello, más de un centenar en la actualidad. Este es el principal argumento para la intervención. La conclusión a la que llegan los auditores es que se subcontratan prestaciones principales, que lo hace con empresas vinculados, que se supera el importe máximo legal del 50% del contrato y que no se ha obtenido autorización, todo ello prohibido en el pliego de condiciones.

Inversiones. La inversión de Emmasa apenas llega al 9% en lo que va de contrato, el 45% si se valora de forma amplia, pero, de cualquier forma, menos de lo ofertado, señalan los interventores. A esto se suma que no se ha producido trasmisión de conocimientos a la directiva de Emmasa, principalmente por ésta es la de Sacyr.

Secuestro. Resolver el contrato o secuestrar la empresa, son las dos primeras opciones ofrecidas por los auditores. Sin embargo, se opta por la intervención ante las posibles consecuencias económicas. Si se recupera el contrato se debería devolver un canon de 45 millones a Sacyr; si se secuestra la empresa, se echaría a la principal accionista del consejo de administración de Emmasa.

Interventores. El trabajo de los funcionarios consistirá en generar documentos que hagan posible el control de Emmasa; reconducir a la legalidad las subcontrataciones efectuadas; hacer cumplir la trasmisión de conocimientos; elaborar los planes de inversión para cumplir los compromisos adquiridos y proponer la resolución si no encontraran la colaboración de Emmasa.