X
tribuna>

La Ley de Armonización Ambiental – Por Manuel Luis Torres Herrera*

   

El Estado aprobó el pasado año una nueva regulación de la evaluación ambiental en España (Ley 21/2013), para favorecer la seguridad jurídica de los promotores de instalaciones, obras o actividades, facilitando así las nuevas inversiones en nuestro país. Las Comunidades Autónomas tienen un año para adaptar sus leyes a esta nueva norma básica del Estado, pero en Canarias se pretende legislar en contra de la corriente que inspira en el resto de España y en toda Europa la nueva forma de considerar el medio ambiente en los procesos de toma de decisiones. Con la nueva Ley, aprobada en el Congreso de los Diputados el día 28 de noviembre, se han unificado en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y modificaciones posteriores al citado texto refundido.

El nuevo marco jurídico pretende, principalmente, incrementar la seguridad jurídica de los promotores. La intención de la nueva Ley es permitir a los promotores conocer de antemano cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un proyecto, con independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. Todos los anexos que se incorporan a la ley son legislación básica y por tanto, de aplicación general (y no quedan por tanto al criterio de las Comunidades Autónomas). Se otorga un plazo de un año para que las Comunidades Autónomas puedan adaptar su normativa a esta ley, por lo que deberán estar en sintonía antes del día 12 de diciembre de 2014. No obstante, si antes de que finalice ese plazo cualquier Comunidad Autónoma ajusta su normativa, entrará en vigor en ese momento. En todo caso, aunque no hayan hecho la oportuna adaptación, esta ley se aplicará en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Canarias cuenta con la Ley autonómica más longeva de impacto ambiental: la Ley 11/1990, de prevención del impacto ecológico en Canarias. Y con una auténtica amalgama de normas relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo, que no tiene parangón en el resto de España ni de Europa. Decenas de modificaciones de la Ley de las Directrices de Ordenación General y del Turismo, con planes regionales e insulares que a menudo siguen sin acometer la función para la que fueron propuestos, y que en su conjunto provocan que los inversores huyan de Canarias, temerosos de esa tela de araña que complica todo lo que se intenta promover. Hace unas semanas tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas sesiones monográficas sobre esta problemática, promovidas por los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. En ambas sesiones se puso de manifiesto el hartazgo de los proyectistas, promotores e inversores, hacia una oposición sistemática a sus propuestas por parte del Gobierno de Canarias, y a menudo los Cabildos insulares, para hacer viable el desarrollo económico y social en Canarias. Y a toda esta enorme problemática el Gobierno regional responde con la llamada Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. Pero esta propuesta que se debate en el Parlamento de Canarias ni armoniza, ni simplifica, ni protege el territorio. No armoniza ya que ni siquiera se preocupa de dar cumplimiento a la nueva norma estatal, obligación para la que tiene de plazo hasta el día 12 de diciembre de este año. No simplifica, pues incluso incrementa algunos de los trámites ya previstos en la normativa actual. Y no protege el territorio, pues lo que intenta es blindarlo, planteando una aparente burbuja que solo se atraviesa tras un complicado entramado cuyo itinerario solo algunos conocen. La necesidad de intervención efectiva, seria y rigurosa en este asunto la vienen demandando en Canarias desde hace años numerosos colectivos.

Ya en 2010 se nos advertía sobre cómo la obsesiva ordenación del territorio y una sobreprotección ambiental podían ejercer como condicionantes y limitadores para el desarrollo de proyectos en las islas. Pero el Gobierno de Canarias sigue haciendo caso omiso. La situación es tan precaria que esta Ley de armonización se promueve desde la Consejería competente en materia de obras públicas (CC), cuando el órgano responsable en materia de impacto ambiental radica en la Consejería que acoge las competencias de Sostenibilidad (PSOE). Y por si fuera poco, desde la Dirección General de Protección de la Naturaleza se reconoce abiertamente que no conocen la propuesta de Ley y que nadie ha contado con este Departamento para su redacción. Así, ni se han analizado las posibilidades que se abren en el contexto de las autorizaciones administrativas por Declaración Responsable, ni se ha indagado sobre las vías de integración de los procedimientos de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada, ni se ha permitido un análisis crítico interadministrativo sobre la vinculación entre la aprobación de planes y programas sectoriales con la aplicable a los proyectos derivados, entre otros muchos avances que se podrían haber contemplado. Canarias tiene, como todas las Comunidades Autónomas, una tremenda oportunidad para, aprovechando el nuevo marco estatal, ordenar de manera efectiva el desarrollo sostenible en nuestras islas. Crear un clima empresarial que genere confianza en los inversores y contribuyan al progreso económico, propiciando así un mayor bienestar social entre los canarios, y sin dejar de proteger los valores naturales, culturales y productivos de todos y cada uno de los rincones de cada isla. Pero todo apunta a que otra vez veremos cómo este Gobierno convierte una oportunidad en otra debilidad.

*DIPUTADO NACIONAL DEL PP Y CONSEJERO DEL CABILDO DE TENERIFE