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La Ley Canaria de Educación, otra oportunidad perdida – Por Mary C. Bolaños Espinosa

   

El pasado 8 de julio se aprobó en el Parlamento de Canarias, en medio de un gran entusiasmo, la primera Ley Canaria de Educación. Casi dos años han transcurrido desde que diferentes colectivos y organizaciones, entre los que se encuentra el Colectivo Harimaguada, presentamos la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Por una Ley Canaria de Educación, avalada por más de 36.000 firmas, sin que en este tiempo hayamos tenido conocimiento alguno sobre su proceso de elaboración, ni acceso a su texto.

Y, una vez publicada, lo que nos hemos encontrado es un conjunto de recomendaciones y principios, caracterizados por la ambigüedad, que no llegan a concretarse, de forma expresa, con plazos y fórmulas de ejecución y cumplimiento.

La Ley Canaria de Educación aprobada presenta una financiación que, de antemano, hace inviable el desarrollo de estos principios y recomendaciones, arruinando la esencia de la ILP de educación, de la que se presenta como heredera. Lo que nos venden como una subida de financiación, del 4.23% actual al 5% del PIB en 8 años, (que se traduce en unos 400 millones según fuentes de la Consejería de Educación) es una estafa.

No cubre ni la pérdida sufrida en el presupuesto educativo en Canarias, fruto de la desinversión de los últimos 14 años (576 millones de euros en el año 2014, que se destina un 22,2% del presupuesto global, frente al 30,8% del año 2000). La LCE consolida y abre cauces para continuar la privatización, incluyendo a los centros privados concertados en el “servicio público de educación”, previendo claramente el aumento de los módulos de concierto y concretando una preocupante privatización del primer ciclo de la educación infantil, de las enseñanzas de idiomas y artísticas y de las enseñanzas postobligatorias y superiores en la modalidad de educación no presencial.

La LCE evita adoptar compromisos concretos para el desarrollo de los aspectos que planteaba la ILP que se debían mejorar: creación de plazas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional así como de las enseñanzas especiales (enseñanzas obligatorias y postobligatorias) en la red pública, aumento del número de profesorado y personal no docente, disminución de ratios del alumnado, cobertura de todas las bajas, creación y rehabilitación de centros educativos, establecimiento del comedor, transporte y acogida temprana como servicios esenciales, universales y gratuitos, ampliación de actividades extraescolares, impulso de medidas reales de atención a la diversidad, potenciación de programas de innovación, aprendizaje idiomático respetando la equidad, promoción de la participación de las familias…, en general, garantizar los recursos materiales y humanos necesarios para la mejora de la calidad, la equidad, la eficacia y la eficiencia de la educación pública canaria. Por último, el consejero de Educación ha asegurado que la nueva ley canaria no colisionará con la estatal, dejando en evidencia que los planteamientos de la LCE sobre aumento de participación democrática de la comunidad educativa o de evaluación continua (supuesto muro de contención en Canarias a la aplicación de la LOMCE), quedarán en papel mojado.

No quiero ser aguafiestas, pero frente al entusiasmo mostrado por el señor consejero regional de Educación, José Miguel Pérez, es conveniente que se alcen también voces de sensatez. La unidad y consenso de las comunidades educativas canarias está concretada en la exigencia de la necesidad de dar un importante vuelco a la educación.
El sistema educativo público canario necesita mejorar en cuanto a resultados del alumnado, pero también en cuanto a dotación y gestión de recursos materiales y humanos. Y para ello se requiere la valentía de un gobierno que sea capaz de cambiar la política educativa seguida hasta el presente y reorientarla a favor de la mayoría social.
Mi pregunta es: ¿Existe tal voluntad?
No me parece que se demuestre con la ley aprobada. Más bien creo que se trata de un ejemplo más de la ligereza con la que se sigue abordando un asunto tan serio como es la realidad educativa canaria. ¡Otra oportunidad perdida!

*MIEMBRO DEL COLECTIVO HARIMAGUADA Y DE IDEPC. INICIATIVA EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA CANARIA