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Más tuerta que ciega – Por Francisco Pomares

   

El Gobierno de Canarias celebra con voladores el auto del Tribunal Constitucional que levanta el parón temporal de la moratoria y -de aquella manera- desautoriza la abracadabrante estrategia del ministro Soria de paralizar la Ley de Turismo canaria y de paso sólo provoca el daño colateral de impedir la construcción de todo tipo de hoteles en el Archipiélago. Vale que se trata sólo de un auto y no de la sentencia definitiva, que probablemente pondrá las cosas en su sitio y recordará al Gobierno de Canarias que existe una directiva Europea que limita bastante las restricciones de la moratoria.

Pero para cuando esa sentencia llegue, suponiendo que sea favorable al criterio de Soria, que es mucho suponer, habrán pasado al menos dos años, un tiempo que en política puede suponer la diferencia entre el todo y la nada. Un punto, pues, en el marcador de goles judiciales a favor del Gobierno de Canarias, que se queda así en empate en lo que va de semana. ¿Empate? Sí. El gol del Constitucional a Soria empata con el gol del Supremo al Gobierno regional a cuenta de la petición paulina de parar las prospecciones, negada en una sentencia que Rivero calificó muy alegremente de sentencia política, porque no daba la razón y porque dos de los cinco magistrados del Supremo disentían de los otros tres. Pero es que eso es lo que ahora se estila. Cada vez son más raros los pronunciamientos de los altos tribunales en contenciosos entre Gobiernos, en los que se produce unanimidad. No es por ser mal pensados, pero algo tendrá que ver el peso cada vez más grande de la política partidaria -la política con minúsculas- en la determinación de la composición de esos tribunales. Pero sea lo que sea es que al final, esta semana hay empate. No en todo. En el partido entre jueces y ciudadanía, nos han metido algo así como mil millones de goles con la sentencia del Supremo que exige tirar la Biblioteca Pública de Las Palmas, construida con dinero de todos los españoles (mil kilillos de los de antes), y que ahora habrá que tirar con dinero de los vecinos de Las Palmas. La sentencia es tan justa como idiota: el edificio fue construido son licencia, autorizado por el entonces alcalde Soria y por el ahora alcalde Cardona, que dice que volvería a autorizarla. La construcción perjudicó a los residentes en otros edificios de la zona, que perdieron sus vistas al mar. Es lógico que se les compense, y si en este país tuviéramos dos dedos de frente, se intentaría compensarles con eso que inventaron los fenicios que se llama dinero. Pero no. Eso no sería justicia, según el Supremo. Lo justo y decente es tirar el edificio. Espero que saquen antes a los lectores.