Ni simplifica ni armoniza – Por Román Rodríguez*

Nueva Canarias ha presentado, en el Parlamento canario, una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Una decisión fundamentada, al entender que la ley no cumple esos objetivos, armonizar y simplificar, que básicamente compartimos; con el agravante añadido de que ha sido elaborada sin consenso, presentando además su articulado serios visos de inconstitucionalidad.

Como señalaba, desde NC compartimos ese objetivo de “simplificar y armonizar la formulación y la tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbanístico”, como señala el texto del proyecto de ley. Pero la plasmación legislativa de esa voluntad consideramos que es errónea y que no va a contribuir a solventar los problemas existentes, sino a complicarlos aún más y a generar una mayor inseguridad jurídica. No somos los únicos que pensamos así. Han cuestionado los contenidos de esta ley desde colegios profesionales a las corporaciones locales, pasando por los cabildos insulares, los colectivos ecologistas, el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo de Canarias.

Este último emitió un dictamen, el 82/2014, que critica esta propuesta legislativa de forma argumentada y, en mi opinión, demoledora. Este dictamen, además de poner de relieve opiniones muy críticas sobre su contenido, establece que incurren en inconstitucionalidad numerosos artículos, al afectar a principios constitucionales o competencias estatales exclusivas. Además, en la comunidad canaria existía la sana tradición de aprobar las leyes que afectan al territorio, al medioambiente y al turismo con el máximo nivel de consenso. Tradición rota por el Gobierno CC-PP de la pasada legislatura con la aprobación, sólo por los grupos que apoyaban al Ejecutivo de entonces, de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo.

En la presente legislatura, el Gobierno canario, integrado en esta ocasión por CC y PSOE, ha hecho lo mismo con la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias y ahora trae, al Parlamento canario, también sin consenso, este proyecto de ley.

Considero que esta ley no simplifica ni armoniza. No se producen las necesarias simplificaciones procedimentales. Se aumentan a siete el número de leyes que operan sobre la regulación territorial, ambiental, turística y urbanística de Canarias, como destaca en su dictamen el Consejo Consultivo. Se Incluyen además, en su articulado, propuestas que contradicen el discurso oficial de Rivero sobre el territorio, al permitir la clasificación de nuevo suelo turístico en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife.

A ello se añaden los reparos sobre la constitucionalidad de la misma. Al menos en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, al privatizarse la gestión del planeamiento, entre otras cuestiones, dejando que las alegaciones ciudadanas sean respondidas por despachos privados cuando es competencia indelegable y exclusiva del Gobierno, los ayuntamientos y los cabildos.

Por otro al reproducirse, de forma imprecisa e indebida, las normas básicas estatales en materia de impacto ambiental. Se quiebra el principio de igualdad ante la norma, como ocurre respecto a la bonificación del coste de la demolición y la cuantía de las sanciones, dando distinto trato a los infractores.

Asimismo, hay que resaltar que este proyecto de ley, que reitero supone la séptima ley canaria en esta materia, incrementa la inseguridad jurídica al introducir modificaciones en preceptos y terminología que chocan con los de otras leyes vigentes.

Se trata de un paso más en la centralización de poder en el Ejecutivo canario, sustituyendo el principio de preceptiva planificación previa por el de urbanismo de proyecto, a través del intervencionismo gubernamental. Algo que también se agrava con otras propuestas legislativas, como la que elabora para arrogarse el Gobierno la potestad de declarar estratégicas las inversiones privadas, una discrecionalidad completamente intolerable.
En mi opinión, como se recoge en el texto de la enmienda a la totalidad de NC a esta ley, sería muy deseable que se restableciera el procedimiento del consenso en materia del territorio; un consenso que permitió en su momento la aprobación además unánime por el Parlamento de Canarias de la Ley de Espacios Naturales, en 1994, de la Ley de Ordenación del Territorio, en 1999, y de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, en 2003.

En ese sentido, desde Nueva Canarias hemos solicitado al Ejecutivo que proceda a retirar este proyecto de ley para abrir un proceso de diálogo, unificar todas las leyes existentes en un texto, hacer una ley de evaluación de impacto ambiental respetando la legislación básica y adaptada a las circunstancias de Canarias; y para que se revisen, porque la ley así lo exige, las Directrices Generales de Ordenación y las Sectoriales del Turismo, evitando su derogación parcial de forma arbitraria y sin la menor evaluación.

* DIPUTADO EN EL PARLAMENTO CANARIO
Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS