Canarias se fija por ley destinar a la enseñanza pública el 5% del PIB

Pérez, ayer, en el patio del Parlamento con los exconsejeros de Educación García Ramos y Balbuena. | F. PALLERO

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento regional aprobó ayer la primera Ley Canaria de Educación no universitaria, resultado de una iniciativa popular presentada en 2010 con el apoyo de 35.000 firmas, y que mandata a destinar a la enseñanza pública a partir de 2020 un presupuesto equivalente al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a poco más de 4% en la actualidad.

La nueva norma salió adelante con el voto a favor de CC-PNC-CCN, PSOE, NC y PIL, grupos que la calificaron de “histórica” y fruto del consenso social, mientras que el PP, con un duro alegato contra esta ley, votó en contra argumentando que se ha dado “un cambiazo” al texto inicial y supone “un fraude” para los ciudadanos que lo promovieron.

En su defensa del documento, el consejero de Educación, el socialista José Miguel Pérez, dijo que se trata de un “momento histórico, porque por primera vez Canarias tiene una ley para un modelo educativo propio, que contribuya a un modelo inteligente y sostenible, a una mayor cohesión social, y que preserva la equidad”, además de defender corresponsabilidad de la sociedad en esta materia.

Recordó que el “amplio consenso social y político” se ha plasmado en cuatro documentos: la propia iniciativa legislativa, el dictamen de la comisión de estudio que celebró el Parlamento -ante la que comparecieron más de 50 personas-, el Pacto Por la Educación suscrito por todas las organizaciones que integran el Consejo Escolar de Canarias, y la propia ley aprobada ayer.

Según la exposición de motivos, la norma tiene persigue lograr un sistema educativo de calidad, que garantice la equidad y la excelencia con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que necesita; evitar que las desigualdades económicas y sociales limiten las oportunidades de aprendizaje; la mejora continua de los centros y servicios educativos; así como la educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad”.

En el turno de los portavoces parlamentarios en esta materia, la socialista Rita Gómez opinó que era un día “emocionante” e “histórico”, aunque admitió que este último adjetivo ya está muy manido, y lamentó que el PP “al final se haya descolgado porque tocaba en el guión”.

Desde CC, el diputado Nicolás Gutiérrez celebró que esta ley mantendrá la prioridad de la educación pública como “derecho universal” pues “no es justificable aprovechar la crisis para debilitar derechos esenciales”, al tiempo que reprochó al PP que” no presentara al menos un texto alternativo sino que solo se dedicara a criticar”, quedándose así “aislado” en el Parlamento. En esta línea, la diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández destacó que “es una buena ley para defender la educación pública” aunque sea una mala ley para los que solo quieren desgastar al Gobierno canario”, en una clara alusión al PP. Precisamente Hernández se afanó por desmentir que el texto aprobado no respete el espíritu de la iniciativa legislativa ciudadana, algo, enfatizó, que es “absolutamente incierto, pues está ampliamente recogido” en el articulado final. Con un marcado acento nacionalista, la diputada de NC proclamó que la nueva ley “ayudará a cohesionarnos como pueblo y a construir ese país canario que muchos anhelamos”.

Tras el debate, José Miguel Pérez compareció ante los periodistas con todo su equipo de altos cargos de la Consejería de Educación, para celebrar este hito legislativo que, insistió, nace “con un consenso evidente de la comunidad educativa, porque es una iniciativa que viene de abajo arriba”. El consejero aseguró no temer un recurso del Gobierno central contra la nueva ley canaria, ya que ésta no colisionará con la estatal (la Lomce) y ridiculizó la “excusa” dada por el PP para desmarcarse del acuerdo.