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Un PGO fracasado – Por Hugo Luengo

   

El Diccionario de la Academia llama fracaso al resultado adverso de una empresa o negocio. El Plan General de Ordenación de Santa Cruz, cuya aprobación definitiva parcial entra en vigor hoy, 18 de julio, produce resultados desconcertantes. Hace ya un año, el 30 de julio 2013, Santa Cruz consiguió realizar la aprobación de su Plan General con condiciones. Ha necesitado, sin embargo, un año más para hacerla efectiva. Como consecuencia de ello, hoy está aprobado el PGO, que revisa el PGO de 1992, adaptado en el año 2005; osea 22 años para actualizar su Plan. Santa Cruz tiene ahora un Plan aprobado parcialmente y suspendido en las llamadas “zonas grises” y en las zonas donde como consecuencia del desarrollo de nuevos planes, no se puede actuar en ellas. En las “zonas grises”, al suspenderse el nuevo Plan, se encuentra por defecto plenamente vigente el anterior, o sea el del año 1992, y esta situación abarca a todo el suelo urbano en edificación cerrada; esto es, en torno al menos el 60% de la edificabilidad del suelo urbano útil. Nos dicen nuestros munícipes que antes de un año lo resolverán. No existe plazo legal límite y me temo que ya en campaña electoral, quedará para la siguiente legislatura.

¿Cómo ha fracasado el PGO? ¿Cómo se ha producido tal resultado? ¿Hay alguien responsable? Si, como debiera ser, la finalidad del urbanismo está en atender los problemas reales del ciudadano, asegurar un desarrollo urbano sostenible y, en plazo, crear un marco legal que de seguridad jurídica al emprendedor, y que a todo ello se responda con celeridad y eficacia, no parece que sea esta la respuesta que nos viene dando nuestro Ayuntamiento. Pero es que además, y por elevación, la responsabilidad se extiende al Gobierno regional. Sigue este situado en otra era, entendiendo que cuanto más complicadas son las leyes, mejor es el resultado. De forma que en Canarias hemos creado la “tormenta perfecta”. Y además, para colmo, no sólo se niegan a entender los que dicen gobernarnos la naturaleza del problema, sino que reiteran sistemáticamente el error. Nada más que ver la trayectoria de la nueva Ley de Simplificación Administrativa, o la misma Ley de Renovación Turística, que ahondan en la inseguridad jurídica y tendrán un incierto futuro ante el Tribunal Constitucional.

Se extiende también la deriva al Gobierno regional, que tuvo en abril del 2013, cuando modificó la Ley del Suelo de Canarias, la oportunidad para resolver el problema de fuera de ordenación y no lo hizo, creando en su estilo una compleja ley que no resuelve y que entra en conflicto con la Ley Básica Nacional. Por cierto, es la única ley autonómica que en España hace tal regulación, fijando unos límites legales de densidad en las zonas urbanas consolidadas que es imposible cumplir y que crean artificialmente el problema técnico del fuera de ordenación. Pues quitémoslo, que nadie lo tiene en España.

Volviendo a nuestro Ayuntamiento, no se puede vivir al margen de la realidad. Como señala en estos días el secretario general de CC en Tenerife, tenemos que volver a desarrollar la política “de abajo hacia arriba”. Con esta referencia y desde el campo del urbanismo, surgió la ATI de los años 70 y triunfaron. Fue el origen de CC. Para entendernos, en el urbanismo es posible atender al menos el 90% de las alegaciones de un plan, esto es resolver las necesidades del vecino, sin merma de la naturaleza del plan. Ello no se ha hecho en esta etapa, porque nuestro Gobierno ve en el vecino un problema y no una obligación.

Dos reflexiones para acabar. La primera, el tiempo no es neutral. Ya el PGO nuevo, que además no es operativo, como hemos señalado en el 60% del suelo urbanístico, está obsoleto como consecuencia del cambio de la situación económica, que afecta directamente al modelo de ciudad y a las formas de gestionarlas. Y segundo, reconstruir la confianza ciudadana, con este grupo de gobierno municipal, nos parece como poco una labor arriesgada. Hemos fracasado.

*ARQUITECTO Y URBANISTA